V AYA por delante mi escepticismo sobre la utilidad de la UE para determinadas cuestiones de índole esencialmente política. Y es así porque al final, en el Parlamento Europeo, las dinámicas decisorias son bastante paralelas a las de las Cámaras de los Estados miembros y, por tanto, es el juego de las mayorías el que decide los debates. Sin embargo, la Comisión no se decide por el voto directo de los ciudadanos y ello tiene un peso específico en la formación de mi opinión sobre el tema y, también, la evidencia de muchas de las actuaciones de la citada Comisión. Por eso he intentado seguir de cerca las informaciones sobre el debate realizado en relación a las consecuencias de los acuerdos para obtener la investidura, formalizados por el PSOE, y que han puesto a España en una situación de protagonismo, a mi juicio, negativo internacionalmente.

Aclarado esto, vemos cómo el Estado de Derecho está claramente en peligro en nuestro país. Sabemos que Montesquieu es enterrado casi continuamente por defensa de la separación de Poderes y, ahora, el sanchismo ha inventado el súper antimontesquieu en la figura del ministro Bolaños, que aglutina, en su cargo ministerial, los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en un claro objetivo de sacar adelante la amnistía, cuya constitucionalidad está más que cuestionada y que al ser elaborada con quienes van a verse beneficiados por la misma, unido a la reacción pública de la sociedad civil, no puede permitir la impasibilidad de la UE, lo que ha supuesto un debate histórico en el Parlamento de Estrasburgo.

Este debate ha evidenciado la repetición de los mismos modos vistos en el Congreso de los Diputados, con el elemento añadido que supone comprobar que la desigualdad se vulnerará entre ciudadanos europeos, máxime cuando la portavoz socialista, desde su posición histórica de rechazo a las formas no democráticas de Puigdemont, pasó en un giro copernicano a convertirse en sumisa defensora del “cambio de opinión” de Sánchez, para mantener una posición radicalmente diferente a lo que defendía reiterada y contundente hace unos meses. No solo con ataques a las posiciones del PP sino con la omisión de elementos determinantes sobre la amnistía de los delitos de terrorismo, cuando matiza que “solo quedan fuera de la misma aquellos con una sentencia firme”. Naturalmente, a la señora García no habría que recordarle que hay acusados o investigados, incluidos Puigdemont y la señora Rovira, pero no sentenciados.

En resumen, posiciones parlamentarias fijadas, también en la UE. No hubo votación pero la separación de poderes, la independencia judicial y la malversación… inciden en la cohesión europea. Mi escepticismo hace que dude de un pronunciamiento rotundo, y así, me pregunto: ¿Y de Europa, qué? De Europa, ná. Por eso, solo quedará el Tribunal de Justicia Europea. Ahí, tal vez, sí.