Llevan años las organizaciones agrarias denunciando las dificultades que tienen los trabajadores del campo para continuar su actividad. La Política Agraria Común (PAC) que rige en la Unión Europa condiciona sobremanera la gestión de sus explotaciones agrícolas y ganaderas con una excesiva regulación y burocracia y limitaciones que no se exigen a los productos que se importan de otros países. El incremento de los precios de las materias primas y las inclemencias del tiempo se convierten en algunos casos en la puntilla que obliga a los más débiles a tirar la toalla.
La sequía y los costes de producción han generado más desánimo aún, si cabe, en un mundo rural que pierde población a marchas forzadas por falta de oportunidades y en algunos casos por la ausencia de las inversiones públicas necesarias. Por eso no sorprende que Aragón haya perdido en los últimos cinco años casi 1.300 agricultores por falta de rentabilidad y relevo. Resulta contradictorio que en una sociedad avanzada que tiene herramientas para compensar las inevitables desigualdades existentes entre sus ciudadanos sea el sector primario, el que nos alimenta tres veces al día como se ha recordado estos días en las tractoradas, el más castigado de todos.
De estas y otras realidades de su día a día se ha hablado en la última semana en puntos de toda la geografía aragonesa. Es tal el hartazgo, que grupos de whatsapp comarcales, alguno posiblemente azuzado con intereses políticos, han podido ser más efectivos para movilizar a los agricultores a sacar sus tractores a la carreteras que los llamamientos de las organizaciones oficiales. Puede que a estas no les importe eso tanto porque el mensaje que transmiten los ‘espontáneos’ es el mismo que el suyo. Pero deben dejar claro, como han insistido a este diario, que ellos son los interlocutores válidos ante las administraciones con la capacidad de canalizar las reivindicaciones de todos los trabajadores del campo.
Recordaba a este periódico José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón, que las protestas de agricultores y ganaderos en varios países de Europa han impactado en la Comisión Europea con decisiones que deben beneficiarles, como la paralización del acuerdo entre la UE y Mercosur o el rechazo a la propuesta de reducción del uso de fitosanitarios. En Alemania, añadía, han conseguido que se elimine el gasóleo profesional y en Francia, un acuerdo similar a la ley de la cadena alimentaria española. El viejo adagio aquel que dice que «el que no llora no mama» encaja perfectamente en estos casos.
Saben los agricultores que plantear sus reivindicaciones en calles y carreteras es contar con un altavoz que no pasa desapercibido a quienes toman las decisiones que les afectan. Tal cosa ocurre también en otros ámbitos laborales o políticos, donde hay repercusiones reputacionales que pueden ser determinantes para muchos. Para una empresa, por la potencial pérdida de clientes o el descontento de sus proveedores, y para un dirigente político, por el riesgo de perder votantes.
Transmitido claramente el mensaje de hartazgo del sector agrario, toca ahora a las organizaciones agrarias retomar el liderazgo y llevar sus reivindicaciones a mesas de negociación en los tres estamentos con capacidad de actuar, el Gobierno central, el autonómico y la Comisión Europea. No es de recibo que unos se culpen a otros ni que haya consignas como las del consejero aragonés, Ángel Samper, que pide «mantener el tipo» para «doblar la rodilla de Bruselas». Las palabras son siempre muy importantes.
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