Hasta no hace mucho tiempo se hablaba de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) o Empresarial (RSE) cuando se hacía referencia a todo lo que a priori no tenía que ver estrictamente con el negocio puro y duro de una compañía. Ahí se incluían acciones que a veces servían aparentemente para lavar conciencias, según algunas voces críticas, si bien no eran pocos los empleados que dentro de las propias organizaciones demandaban compromisos más allá de los que sus jefes planteaban, asegurando que aunque la obligación de las empresas es ganar dinero, si se habla de rentabilidad no podemos cerrarnos solo a la estrictamente económica.
De la RSC o RSE se ha dado un paso a un concepto más amplio en el que destaca la apuesta por la sostenibilidad, tanto medioambiental como social, entre otras cosas gracias a la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que han ayudado a estructurar mejor el paquete de medidas que permiten a las empresas cumplir propósitos que no sean solo los económicos.
En la jerga empresarial el término que se utiliza ahora es el de los criterios ESG, en inglés, y en español ASG, acrónimo que alude a lo ambiental, lo social y la gobernanza. Cumplir con criterios incluidos en estas tres patas se está convirtiendo en una exigencia mayor para las empresas, a veces por imposiciones legislativas, pero también porque la concienciación de la ciudadanía en cuestiones relacionadas con el medio ambiente o con lo que tiene que ver con lo más humano ha ido a más.
Pese a todo, estamos muy lejos de poder proclamar el cumplimiento de estos postulados por parte de un número mayoritario de empresas. De ahí que la consultora KPMG, en un informe sobre los propósitos para 2024 del que se ha hablado en las páginas de este diario, incluya el relacionado con los criterios ASG, sugiriendo que hay que pasar por fin «del dicho al hecho».
El aragonés Ramón Pueyo, socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España, veterano experto en estas lides, reclama a las organizaciones «seguir apostando por la sostenibilidad, los aspectos sociales y de gobernanza, y hacerlo desde una perspectiva de 360º en sus compañías».
En Aragón, desde la administración autonómica se apuesta desde hace años por involucrar a cuantas empresas sea posible en compromisos mayores con la sociedad. El Gobierno socialista de Javier Lambán dio un empuje importante, a través del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), otorgando los denominados sellos RSA a las compañías que cumplieran con requisitos ASG, un reconocimiento que no es para siempre y que tiene que ser renovado.
El Ejecutivo PP-Vox que lidera Jorge Azcón ha continuado con este empuje, y en diciembre pasado reconoció en una gala la labor en responsabilidad social de unas 1.450 organizaciones. Un acto en el que se entregaron 1.442 sellos RSA (206 de ellos Plus) y en el que se reconoció la labor específica de Sphere Group, Ibersyd, Eboca, Aspanoa y Marisol Morell, que recibieron los premios otorgados por el Ejecutivo en sus diferentes categorías.
En el informe de propósitos para 2024 de KPMG se hace alusión a las exigencias que va imponiendo la Unión Europea a las empresas en criterios ASG, por ejemplo con el cumplimiento de la Directiva CSRD sobre información corporativa en materia de sostenibilidad. «No habrá ninguna pyme o empresa grande que no esté sujeta a la regulación sobre sostenibilidad», apuntó a ese respecto Ramón Pueyo en un foro sobre estas cuestiones celebrado en el centro de formación de Ibercaja en Cogullada en octtubre pasado. «Las pymes no se pueden ir ahora de rositas en eso del ‘reporting’», indicó por su parte Juan Royo Abenia, nombrado un mes después como máximo responsable del nuevo Observatorio de la Sostenibildad de Aragón, impulsado por la Universidad San Jorge y la patronal CEOE. Royo, que siempre ha dicho que apostar por la RSC (o los criterios ASG) es rentable, tiene ahora el reto de demostrarlo con números fehacientes.
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