El Estado de Derecho supone un modelo de organización en el que todos los ciudadanos se consideran sujetos a códigos y procesos legales. Es una condición que no hace referencia a ninguna ley específica, sino al respeto al conjunto de un sistema legal. El Estado de Derecho requiere que los ciudadanos respeten las leyes incluso cuando no estén de acuerdo. Además, la ley debe ser igual para todos, nadie está por encima y todos tienen acceso a su protección. Si la ciudadanía no respeta las leyes, las consecuencias pueden ser nefastas, llegando en la práctica a su completa abolición: no se respetan los derechos de las personas, no se ejerce control sobre la acción de gobierno, desaparece la estabilidad, la seguridad, la convivencia y el respeto mutuo.

Cuando pretendemos evaluar la vigencia del Estado de Derecho, analizamos dos ámbitos de actuación. El primero, en qué medida se garantiza un trato igual y justo a todas las personas que viven en un territorio. No es cuestión menor. Cómo podemos considerar vigente el estado de derecho, si hay ciudadanos discriminados. El segundo ámbito evalúa en qué medida se implementan las reglas de operación del poder estatal. Esta idea establece las reglas del propio Estado, que respete las normas que lo crean, aquellas que delimitan su actuación y protegen las personas. De ahí la importancia del respeto a la ley por las autoridades.

Llevo días pensando si estos procesos supuestamente amparados en el Estado de Derecho, no suponen paradójicamente su plena abolición. El primero, la legitimidad que otorgamos la suma de representaciones parlamentarias para gobernar un país, cuando se obtiene bajo engaños al elector, no en cuestiones accidentales, sino en aquellas que conforman su principal voluntad. Soy consciente de la falta de vinculación y exigencia legal del programa electoral a la futura acción de gobierno, condicionada por factores económicos o sociales que pueden imposibilitar el cumplimiento de la promesa. Pero resulta evidente, no lo niega ni tan siquiera el futuro candidato, que los apoyos parlamentarios se construyen sobre ejes básicos de campaña hoy a sabiendas negados: la igualdad territorial y la amnistía de los condenados.

Evaluemos. El primer ámbito es atacado porque las promesas de condonación de la deuda catalana suponen un trato desigual e injusto al conjunto de ciudadanos bajo motivos espúreos y contrarios al interés de estado: perpetuarse en el ejercicio del poder, atrayendo incluso el apoyo de facciones rebeldes al propio ejercicio de la legalidad. El segundo ámbito atacado, quizá con mayor crudeza, puesto que desoye el eje central de campaña, la principal promesa para obtener el voto: la imposibilidad legal y material de la amnistía. Un poder ejecutivo que presume de transparencia, conoce que su ejercicio persigue precisamente el mayor contenido de veracidad y nunca, como ahora, negar el verdadero sentido de la legalidad democrática.

¿Abolición del Estado de Derecho? Temo que sí. Dispusimos un sistema electoral nefasto. Un sistema que permite estas aberraciones. Un sistema que dispone el engaño como arma legítima y democrática. Un sistema que permite negar, llámese como se quiera, el gobierno de la mayoría.