Cinco años en soledad. Cinco años viendo cómo todo, y digo bien todo, queda en nada. Para algunos, gajes del oficio. Para otros, la miseria de una pena de banquillo y una información periodística mediatizada por ventas y audiencias. Ayer, la absolución de Juan Antonio Fuentes en el caso de Tg7. Antes Torres Hurtado, Isabel Nieto, Manolo Lorente… tantos que sufrieron la pena de banquillo a causa de una pírrica victoria, más mediática que política, obtenida por quienes querían obtener ilegítimamente lo que las urnas nunca otorgaron.

Micrófono y pluma dan para mucho. Da para una noticia donde solo resalta lo que vende: el titular del delito, el dedo político acusador, la frase que desde el inicio condena a la cárcel. No interesa lo demás, y menos aún la defensa. Y cuando digo interesar, no son cuatro renglones finales de la noticia, sino titulares y hasta el dedo de quien se declara inocente. La igualdad nunca aparece. No es crítica. En absoluto. Sólo realidad. Cada cual puede hacer lo que le venga en gana con la titularidad privada de su medio. Pero déjenme pensar que, en ocasiones, se trata de una mal entendida libertad de información.

Al día siguiente de la noticia, declaraciones políticas. El partido del denunciante pide la inmediata dimisión. Suele durar unos días más, acompañado de l contenido de la noticia, por si alguien no tuvo ocasión de escuchar o leer. Entretanto, el partido del acusado guardará silencio, esperando que el chaparrón pase pronto. Basta coger cualquier caso de iniciación política y verán que no me equivoco. No es crítica. En absoluto. Sólo realidad. Días más tarde, dimisión. Sinónimo de destierro indefinido, cargo amortizado y erosión generalizada de imagen. Incluso con sentencia absolutoria. La credibilidad se pierde para nunca volver. La sospecha, perpetua.

Hay veces que no. Hay veces que los medios perdonan vidas, que retiran el foco de aquello de dimitir, tomando como excusa la dignidad y protección de la función pública. Nuevamente, no es crítica. Sólo realidad. Es más: visto lo visto, como jurista siempre fue ésta mi recomendación. Me cansé de solicitar una regulación legal que minimizara el daño que estas denuncias infundadas infieren a la dignidad de nuestras instituciones. Como nadie pone el cascabel al gato, siempre recomendé que la dimisión sólo se produzca si, terminada la investigación, el Ministerio Fiscal acusa; o si el instructor, dada la gravedad de los hechos, lo establece como medida cautelar. Mientras tanto, la denuncia política, acompañada de los fuegos artificiales de difusión pública, seguirá sirviendo sólo para engañar al ciudadano y dañar aún más la función pública. Nada más. Un torticero uso del estado de derecho.

Decía Hermann Keyserling que “ninguna prueba, ninguna rectificación ni desmentido puede anular el efecto de una publicidad bien hecha”. Ninguna sentencia absolutoria puede detraer los efectos de una denuncia política. Hoy tocó a Juan Antonio. Mañana, quién sabe.