Imaginemos el siguiente escenario: a dos personas se les asigna S/ 100 cada una y se les pide que los administren durante un mes. La primera gasta S/ 90 pero, debido a que no hace un análisis detallado de los precios ni los sustenta adecuadamente con la respectiva boleta, incurre en compras sobrevaloradas y supera, así, su presupuesto. La segunda persona gasta S/ 50, adquiere bienes a un precio justo, pero no logra ejecutar completamente su presupuesto porque se retrasa en la adquisición planificada.
¿Cuál de las dos gestionó mejor sus recursos? ¿Deberíamos premiar a quien utilizó el 90%, a pesar de incurrir en sobrecostos y carecer de transparencia? ¿O deberíamos penalizar a quien solo utilizó el 50%, aunque haya comprado a precios justos, pero se retrasó en ejecutar su plan?
Este escenario guarda similitudes con la gestión de la inversión pública, donde a menudo se premia a quienes ejecutan como la primera persona de nuestro ejemplo (90% de ejecución financiera con deuda), porque “cumplen” con agotar su presupuesto. Sin embargo, sabemos que no se trata simplemente de gastar por gastar, más aún dada la escasez de recursos. Y eso se refleja en la desaprobación de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2023, solo el 20.9% de los ciudadanos califica como buena o muy buena la gestión de su Gobierno regional. Peor aún, solo el 11.4% confía en su Gobierno regional (INEI, 2023). Este panorama refleja la necesidad no solo de medir la ejecución financiera, sino también de evaluar la eficiencia, la transparencia y la calidad de las decisiones tomadas en el proceso.
¿Cuáles son las razones detrás de la desaprobación y la desconfianza de la población? Es crucial realizar un diagnóstico preciso que permita identificar los obstáculos que afectan las inversiones, e impiden la entrega oportuna y eficiente de servicios públicos a los ciudadanos. Se hace evidente la necesidad de medidas más integrales que, a diferencia de la simple evaluación financiera, analicen de manera exhaustiva la gestión de la inversión pública. Por eso, Videnza ha creado el Índice Regional de Eficiencia en la Inversión Pública (IREI), presentado recientemente y que permite evaluar el desempeño de 23 Gobiernos regionales (Videnza, 2023), salvo Lima y el Callao, excluidos para no distorsionar las métricas.
El IREI muestra que la mayor ejecución financiera no necesariamente implica más eficiencia en términos de tiempo, costo, planificación y transparencia, entre otros aspectos. Por ejemplo, si se analizan los cinco primeros puestos en ejecución financiera de los Gobiernos regionales al tercer trimestre de 2023, solo dos de ellos se siguen ubicando como eficientes en el IREI. En cambio, los otros tres (Ayacucho, Tumbes y Apurímac) bajan entre 12 y 21 posiciones en el IREI.
¿Por qué ocurre esto? El Gobierno Regional de Ayacucho, por ejemplo, tiene un alto monto de proyectos programados para el año 2023 que aún no han sido ejecutados. En el caso del Gobierno Regional de Tumbes, se evidencia la gran sobrecarga de proyectos sin ejecución, y la poca transparencia y rendición de cuentas en el seguimiento de sus proyectos. En cambio, en el Gobierno Regional de Apurímac se observa un alto porcentaje de proyectos bajo la modalidad de administración directa. Es decir, que son ejecutados utilizando sus propios recursos, incluidos funcionarios, equipos, materiales y experiencia interna, lo cual puede generar dificultades en la ejecución.
Ahora bien, pensemos en la segunda persona, que había ejecutado la mitad de sus recursos (S/ 50), pero de cierta manera mostraba algún grado de eficiencia en su proceso. Haciendo un símil con la inversión pública, al tercer trimestre de 2023, los Gobiernos regionales de La Libertad y Tacna se ubican en los últimos cinco lugares del ya conocido ranking de ejecución financiera; pero en el IREI se ubican dentro de los cinco más eficientes. La explicación es sencilla. Mientras el Gobierno Regional de La Libertad tiene unos de los menores montos de proyectos bajo administración directa, el de Tacna tiene uno de los menores costos asociados a nuevos proyectos en comparación con su cartera programada, y ha cerrado cerca de la mitad de sus inversiones, con lo que pueden entrar en funcionamiento.
Esta visión integral de la gestión de la inversión pública brinda una perspectiva completa sobre la eficiencia de sus autoridades. El IREI se publicará cada tres meses. Esta primera edición busca establecer una línea base que permita a las autoridades actuales implementar medidas que mejoren la gestión de sus inversiones, en favor de los ciudadanos.
Realizado por: Daniela Leguía, analista senior de Videnza Consultores
No todo lo que brilla es oro: el caso de la ejecución financiera
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11.12.2023
Imaginemos el siguiente escenario: a dos personas se les asigna S/ 100 cada una y se les pide que los administren durante un mes. La primera gasta S/ 90 pero, debido a que no hace un análisis detallado de los precios ni los sustenta adecuadamente con la respectiva boleta, incurre en compras sobrevaloradas y supera, así, su presupuesto. La segunda persona gasta S/ 50, adquiere bienes a un precio justo, pero no logra ejecutar completamente su presupuesto porque se retrasa en la adquisición planificada.
¿Cuál de las dos gestionó mejor sus recursos? ¿Deberíamos premiar a quien utilizó el 90%, a pesar de incurrir en sobrecostos y carecer de transparencia? ¿O deberíamos penalizar a quien solo utilizó el 50%, aunque haya comprado a precios justos, pero se retrasó en ejecutar su plan?
Este escenario guarda similitudes con la gestión de la inversión pública, donde a menudo se premia a quienes ejecutan como la primera persona de nuestro ejemplo (90% de ejecución financiera con deuda), porque “cumplen” con agotar su presupuesto. Sin embargo, sabemos que no se trata simplemente de gastar por gastar, más aún dada la escasez de recursos. Y eso se refleja en la desaprobación........
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