Estamos atravesando otro ciclo electoral completo. Acabamos de cerrar las elecciones gallegas y vascas, se acercan las catalanas y en junio tendremos las elecciones europeas. Sigue vivo, por muchos motivos, el recuerdo de las elecciones locales y autonómicas de mayo y las elecciones generales de julio del año pasado. En once meses el conjunto de ciudadanos del país habremos votado las cuatro esferas de gobierno que, de alguna manera u otra, afectan nuestras vidas. En cada elección los candidatas y candidatas afirman que nuestro voto puede acabar decidiendo lo que ocurre con muchos de los elementos clave de nuestra vida: la salud, el trabajo, la educación, nuestro entorno cultural, la familia, el lugar en el que vivimos y nos movemos, lo que comemos, el tiempo libre de que disponemos o, más allá de todo ello, nuestra identidad o el futuro que nos espera en un mundo plagado de amenazas y esperanzas en proporciones variables.

No nos debería extrañar que alguien, en medio de ese carrusel electoral, pueda haberse preguntado hasta que punto existe una correlación entre las promesas y afirmaciones de los aspirantes a representarnos y gobernarnos y la capacidad real de cambiar las cosas que nos afectan o preocupan. Esa correlación existe y es real, pero sin duda no en la proporción expresada en los argumentos esgrimidos en cada una de las contiendas electores. No solo porque el poder real no es una prerrogativa que esté solo en manos de las instituciones públicas, sino porque en Europa estas instituciones están estructuradas en distintas esferas de gobierno, y cada una de ellas tiene un marco competencial propio. Y es precisamente ese marco competencial el que asigna, teóricamente, el contenido y el tipo de decisiones que pueden tomar y, asimismo, el grado de autonomía o de dependencia que esas decisiones tienen con relación al resto de gobiernos y administraciones. Pero, si pasamos de la teoría a la realidad, lo cierto es que abundan mucho más los solapamientos de competencias, la interdependencia de unos temas con otros, las tensiones y conflictos entre las distintas esferas de gobierno, que no una delimitación clara de quién hace qué en cada sitio en concreto. En la práctica, es más importante la capacidad de conseguir que pasen cosas, que se produzcan cambios reales frente a problemas significativos, que no el estatuto legal y competencial de los decisores.