La intervención de una empresa pública o privada de servicios públicos esenciales como el de la salud, la energía o el agua, debería ser la última medida de previos y sucesivos intentos para garantizar la continuidad del servicio.

Por lo general, una de las consideraciones para intervenir es que el riesgo que genera la empresa tenga repercusiones negativas al sector a la que pertenece y por ende, a los usuarios, lo que se conoce técnicamente como “riesgo sistémico”.

La decisión de intervenir, entonces, si bien es discrecional de la autoridad de vigilancia y control, debería ser resultado no solo de un sólido análisis sectorial sino también de los pro y contra de los impactos económicos, jurídicos y técnicos que surjan con posterioridad a la adopción de la medida.

En el sector eléctrico la intervención más importante fue la de Electricaribe, en la que participé como interventor en los dos primeros años.

La intervención logró sin duda la continuidad del servicio que se encontraba en riesgo por el cese de las obligaciones mercantiles de su dueño y la mala calidad del servicio, pero quedó un sin sabor por los inmensos esfuerzos económicos del gobierno con cargo al tesoro nacional de más de 6 billones de pesos y sobre los planteamientos de la solución que ha generado una disparada de las tarifas. Estas medidas se adoptaron desde el tercer año de intervención, es decir, después de mi retiro.

Es importante resolver y tener claridad de para qué intervenir una empresa y evitar ese riesgo en el que el remedio resulta peor que la enfermedad.

Lo digo porque se le ha escuchado al superintendente de servicios públicos manifestar públicamente que existe la posibilidad de intervenir a las empresas de energía del Caribe y la de Huila. Poco se ha explicado las razones, pero es fundamental tener en cuenta los problemas estructurales que un interventor no podría resolver.

Aspectos como los altos niveles de pobreza del mercado, ambientales y climáticos, geográficos, orden público, precios de los materiales y equipos, mano de obra, logística internacional, inflación, bandas cambiarias, en fin, muchos temas relevantes por analizar antes de dar ese importante paso de intervenir una empresa de cualquier sector.

Recuerdo que lo que solicitaba al Gobierno nacional Gas Natural, dueño de la extinta Electricaribe, sobre el incremento de las tarifas para la modernización de la infraestructura y la operación de la empresa, no era ni la tercera parte de lo que se le otorgó a Aire y Afinia con las medidas del gobierno Duque, como tampoco pidieron que los exonerarán de las obligaciones pensionales y demás deudas con acreedores, ni renunciaban a la ejecución de inversiones en infraestructura y muchísimo menos a que le encimaran plata.

Lo cierto es que esa resultó siendo una intervención muy costosa para el país que ahora revisa con lupa la Superservicios y en especial el manejo de los recursos del fondo empresarial de ese ente de control, manejado por el equipo del gobierno de entonces.

Intervenir, ¿para qué? es la pregunta de fondo, no hay que descartarlo si las causales lo ameritan, pero es un salto en el que antes hay que saber dónde caer y cuánto nos va a costar.