Del informe del trabajo de monitoreo y acompañamiento que acaba de rendir la delegada para los Derechos Humanos de la ONU se desprende que en Colombia viene ejecutándose una estrategia de milicianización estimulada por una combinación de acciones y omisiones dadas desde el Gobierno Nacional.
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Quién lo creyera, que un informe de quien ha demostrado tanta simpatía por el gobierno de Gustavo Petro haya tenido que reconocer el crecimiento exponencial, en el último año, de la más grande amenaza que atenta contra la estabilidad democrática del país. Viniendo de ella, de la señora de la ONU, quiere decir que el crecimiento del control social y territorial por organizaciones criminales es tan grande que ya nadie puede seguir tapando el incendio con un dedo, por más empecinamientos ideológicos que tenga.
Por un lado, están las cifras que muestran el crecimiento del número de municipios y departamentos adonde se ha multiplicado la presencia de los grupos criminales. El informe nos cuenta que entre 2021 y 2023 pasaron de la presencia en 156 municipios a 206 municipios y a 28 departamentos.
Estas cifras resultan, en sí mismas, aterradoras. Pero no deja de ser aún más aterrador el hecho de que las cifras que expone el defensor del Pueblo sean mucho más graves. La Defensoría del Pueblo, con cifras mucho más confiables, señala que a estas alturas son cerca de 400 los municipios en los que ya las organizaciones criminales ejercen distintos grados de control.
Con el cuento de la contratación con las tales “economías populares” lo que está haciendo, en realidad, es contratar con unas juntas de acción comunal milicianizadas.
Leamos atentos, entre comillas, algunos fragmentos del informe de la ONU:
“Los grupos inciden violentamente para cooptar a los movimientos sociales, suplantar a las organizaciones históricas con otras organizaciones que siguen su línea y desarticular a las organizaciones de base. En algunos territorios convocan reuniones públicas para dar órdenes a las comunidades y a las juntas de acción comunal... En particular hemos observado que en varios territorios los grupos armados tratan de arrebatarles la voz a las organizaciones de base, presentándose como el interlocutor principal del territorio, acallando violentamente y con amenazas las voces de la comunidad... Como me comentó recientemente una persona defensora en territorio: “Hay una amenaza latente. La dinámica cambió. Ahora ellos quieren es absorber a las comunidades y quitar los liderazgos sociales. Ellos –los actores armados– quieren ser actores políticos, por eso no quieren comunidades autónomas, para que ellos tengan el reconocimiento que buscan... Las personas líderes vinculadas a las juntas de acción comunal (JAC) siguieron siendo las principales víctimas como resultado de la violencia, representando el 33 % de los casos de homicidios verificados... Testimonios recogidos en varias regiones del país indican una intención de debilitamiento del movimiento comunal debido al intento de cooptación por actores armados, renuncias forzadas y miedo a presentarse para ejercer los cargos”.
Traduciendo al blanco y negro, lo que dice el informe es que las milicias de todo pelambre están desplazando a las distintas formas de organización y expresión social en el país, a fin de monopolizar la representación política en un ejercicio violento y antidemocrático exactamente igual a como lo hacen los colectivos chavistas y las milicias en Venezuela.
Lo que no dice el informe y, que es de verdad lo más grave, es que el gobierno de Gustavo Petro se ha prestado para aceptar la interlocución y la legitimación de las milicias en una política que suplanta la representación comunitaria por las milicias de los grupos criminales en las regiones. Está claro que con el cuento de la contratación con las tales “economías populares” lo que está haciendo, en realidad, es contratar con algunas juntas de acción comunal milicianizadas, es decir que ya fueron tomadas violentamente por los grupos criminales, entregándoles los recursos públicos destinados para las vías terciarias y la alimentación escolar. El problema es mucho más grave de lo que creemos.
VIVIANE MORALES HOYOS
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¿El Gobierno contrata con milicias?
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05.03.2024
Del informe del trabajo de monitoreo y acompañamiento que acaba de rendir la delegada para los Derechos Humanos de la ONU se desprende que en Colombia viene ejecutándose una estrategia de milicianización estimulada por una combinación de acciones y omisiones dadas desde el Gobierno Nacional.
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Quién lo creyera, que un informe de quien ha demostrado tanta simpatía por el gobierno de Gustavo Petro haya tenido que reconocer el crecimiento exponencial, en el último año, de la más grande amenaza que atenta contra la estabilidad democrática del país. Viniendo de ella, de la señora de la ONU, quiere decir que el crecimiento del control social y territorial por organizaciones criminales es tan grande que ya nadie puede seguir tapando el incendio con un dedo, por más empecinamientos ideológicos que tenga.
Por un lado, están las cifras que muestran el crecimiento del número de municipios y departamentos adonde se ha multiplicado la presencia de los grupos criminales. El informe nos cuenta que entre........
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