Ahora que las gobernaciones y alcaldías se están organizando para ejecutar y cumplir lo prometido, y especialmente pensando en los gobiernos locales medianos –porque los grandes tienen mayor capacidad técnica– es oportuno preguntarse cómo promover la buena ejecución de, según los últimos datos disponibles, más de 140 billones de pesos que se administran en los departamentos, ciudades capitales y municipios, teniendo en cuenta además los recursos propios, los recursos de las regalías, lo cual es una gran responsabilidad y gran reto. Creo que el 2024 es un año en que debemos aunar esfuerzos para enfrentar la corrupción y evitar el mal uso de esos enormes recursos.
El costo de la corrupción es difícil de medir. Se decía, hace algunos años, que entre sobornos estimados, malversación de recursos, obras inconclusas e investigaciones fiscales por detrimento patrimonial este se acercaba a 50 billones, pero la cifra no tenía en cuenta los costos ocultos de esa práctica que nos causa enormes perjuicios sociales y económicos. Hoy, según la última encuesta de Invamer, dentro de las principales preocupaciones ciudadanas está el mal funcionamiento de los gobiernos y la corrupción, lo cual aumenta la desconfianza hacia las instituciones. Aunque el sector público avanza con firmeza hacia la modernización institucional, sigue siendo necesario que las entidades públicas y privadas se comprometan más con mejores procesos, con la integridad, a liderar con el ejemplo y que los organismos de vigilancia y control activen con más fuerza sus acciones.
Tengo la convicción de que la transparencia es el camino para recuperar la confianza en nuestras instituciones y en el manejo adecuado de los recursos públicos. Para lograrlo es importante promover la apertura de la toma de decisiones y resultados de la administración, asegurando que los ciudadanos puedan acceder de manera clara, comprensible y oportuna a la información sobre la gestión de los recursos públicos. La integridad, entre tanto, permite que las entidades sean autocríticas, que actúen con un comportamiento ético.
¿Y cómo hacerlo? Se pueden fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y convertirla en un ejercicio de entrega de información permanente. Presentar información de forma focalizada para grupos de interés con enfoque de inclusión y género. Y sobre todo fortalecer el control social, permitiendo que los ciudadanos participen activamente al exponer sus necesidades no atendidas.
La priorización de las necesidades sociales es el faro de la garantía de derechos para más de 50 millones de colombianos que habitan las regiones. Son los alcaldes y alcaldesas quienes atienden de primera mano a la población. Escuchen a la ciudadanía, promuevan la participación ciudadana para planear sus estrategias de ejecución; monitoreen los resultados y avances de su gestión desde el comportamiento de indicadores sociales como mortalidad infantil, asistencia escolar respecto al número de niños, tasas de vacunación; consoliden información de sus registros administrativos en hospitales y escuelas y busquen fuentes de información adicional como el Dane, Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Que sus secretarios y equipos encuentren cómo medir la atención efectiva a las necesidades de los ciudadanos en sus sectores, de tal forma que la gerencia pública y su ejecución presupuestal pueda ser analizada desde la garantía de derechos, y que esa misma información les sirva para rendir cuentas sobre su gestión.
Pero lo más importante es que sean exigentes en la organización de la administración pública a su cargo. Elijan bien a quienes los acompañarán, algunos podrán ser técnicos, otros seguramente serán políticos, y otros tantos serán técnicos políticos, y a todos los debe guiar el objetivo de cumplir las metas señaladas por el alcalde y/o el gobernador. Activen en sus gobiernos la innovación, con el uso de herramientas de inteligencia artificial se pueden mejorar procesos de producción de documentos, cartas, memorandos, análisis de data, atención ciudadana en línea y entrega de resultados.
La administración pública requiere personas y líderes preocupados de forma genuina por la gestión de la gerencia pública y el buen uso de los recursos en los fines esenciales del Estado, basado en el respeto a las normas, la justicia y la equidad social.
PATRICIA RINCÓN MAZO
(Lea todas las columnas de Patricia Rincón en EL TIEMPO, aquí)
De las buenas obras
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07.01.2024
Ahora que las gobernaciones y alcaldías se están organizando para ejecutar y cumplir lo prometido, y especialmente pensando en los gobiernos locales medianos –porque los grandes tienen mayor capacidad técnica– es oportuno preguntarse cómo promover la buena ejecución de, según los últimos datos disponibles, más de 140 billones de pesos que se administran en los departamentos, ciudades capitales y municipios, teniendo en cuenta además los recursos propios, los recursos de las regalías, lo cual es una gran responsabilidad y gran reto. Creo que el 2024 es un año en que debemos aunar esfuerzos para enfrentar la corrupción y evitar el mal uso de esos enormes recursos.
El costo de la corrupción es difícil de medir. Se decía, hace algunos años, que entre sobornos estimados, malversación de recursos, obras inconclusas e investigaciones fiscales por detrimento patrimonial este se acercaba a 50 billones, pero la cifra no tenía en cuenta los costos ocultos de esa práctica que nos causa enormes perjuicios sociales y económicos. Hoy, según la última encuesta de Invamer, dentro de las principales preocupaciones........
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