Circula en los corredores del Congreso un proyecto de reforma constitucional cuya paternidad real es desconocida y que, so pretexto de lograr la ‘paz total’, concentra en el Presidente de la República la facultad todopoderosa de conceder perdones judiciales, a diestra y siniestra, en favor de cualquier delincuente. La propuesta no solo es desafiante, por ser ajena a nuestra tradición jurídica, sino francamente provocadora. Dice la iniciativa que el jefe del Estado podrá otorgar perdón judicial cuando ello contribuya “a los fines de la política de paz total”, un concepto tan etéreo como subjetivo, que deja al capricho del soberano la concesión del beneficio, exponiéndolo a que se convierta en blanco de la opacidad del lobby y del chantaje de las distintas formas de criminalidad. Otros avezados críticos no dudan en afirmar que se trata de una golosina para la oposición, amenazada con su judicialización, para ofrecerle una posibilidad de solución a sus problemas, a cambio de su sometimiento político.Eso sí, la propuesta se anticipa a precisar que no procede respecto de delitos de lesa humanidad, de manera que su alcance se circunscribirá, básicamente, a asuntos de narcotráfico y delitos ordinarios, lo que sería un desafuero que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar, y menos la comunidad internacional.Uno de los aspectos más controversiales de la iniciativa, más allá de su juicio de constitucionalidad, es aquel que consiste en la posibilidad de que el Gobierno dé por terminadas investigaciones penales en curso, mediante la orden del archivo de estas, privando a la justicia y a la sociedad de que se esclarezca todo tipo de ofensas a los bienes jurídicos que protege el derecho penal: la vida, las libertades individuales, el patrimonio económico, la integridad de la administración y la fe pública, entre otros.De esta manera, no es cierto que el beneficio que se plantea sea congruente con un sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Porque sin sentencias, no se conocerá la verdad y mucho menos se hará justicia. Y no habrá reparación por parte de los victimarios, porque el texto propuesto parte de la base de que el resarcimiento del daño se haga mediante “el retorno de los recursos apropiados y señalados en los fallos correspondientes”, que no existirán si se malogra el curso de los procesos, por la terminación anticipada de estos.Se prevé que estas facultades extraordinarias se extiendan únicamente por dos años, con lo cual el Pacto Histórico aseguraría que la llave del perdón judicial sea de su exclusiva propiedad, impidiéndole a un nuevo gobierno hacer uso de ella.La confusión acerca del propósito de esta expósita iniciativa se hace mayor cuando se pasa a la lectura de su exposición de motivos. Un texto desarticulado e ininteligible, de muy pobre factura, del que solo es posible concluir que busca, aunque no lo diga expresamente el articulado propuesto, abrir un macroproceso en la JEP contra los terceros no combatientes que financiaron el conflicto armado, lo que claramente se está buscando con el apoyo de los paramilitares que han sido nombrados como agentes de paz, con indulgencia sospechosa.Este proyecto no tiene futuro. El Congreso ha sido renuente a este tipo de beneficios por su carácter omnímodo, de alcance incierto, y porque afectan la integridad de la justicia, lo que genera indiscutible resistencia en el Poder Judicial. Recuerdo que en tiempos del Caguán, en la reforma política de la época se coló una iniciativa similar, denominada “perdón o gracia”. Los parlamentarios no le jalaron a esa propuesta y le dieron muerte a la reforma política de 1999, justo en su último debate.La maternidad de este proyecto se les adjudica a “organizaciones de la sociedad civil”, que carecen de alguna representatividad. Por ello el Congreso ha iniciado un proceso de paternidad, en busca de la autoría real del cuestionado proyecto. En cualquier caso, lo cierto es que mientras se encuentra el ADN del padre, su actitud vergonzante constituye motivo adicional de duda sobre la conveniencia de esta iniciativa.Taponazo. Reviven los carros bomba... otro aporte de la ‘paz total’.NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA(Lea todas las columnas de Néstor Humberto Martínez en EL TIEMPO, aquí)
Circula en los corredores del Congreso un proyecto de reforma constitucional cuya paternidad real es desconocida y que, so pretexto de lograr la ‘paz total’, concentra en el Presidente de la República la facultad todopoderosa de conceder perdones judiciales, a diestra y siniestra, en favor de cualquier delincuente. La propuesta no solo es desafiante, por ser ajena a nuestra tradición jurídica, sino francamente provocadora. Dice la iniciativa que el jefe del Estado podrá otorgar perdón judicial cuando ello contribuya “a los fines de la política de paz total”, un concepto tan etéreo como subjetivo, que deja al capricho del soberano la concesión del beneficio, exponiéndolo a que se convierta en blanco de la opacidad del lobby y del chantaje de las distintas formas de criminalidad. Otros avezados críticos no dudan en afirmar que se trata de una golosina para la oposición, amenazada con su judicialización, para ofrecerle una posibilidad de solución a sus problemas, a cambio de su sometimiento político.Eso sí, la propuesta se anticipa a precisar que no........
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