El Gobierno intervino dos EPS que representan a más de 15 millones de afiliados, el mismo día en que el Congreso archivó su proyecto de reforma de la salud. Esta acción parece ser una respuesta premeditada y vindicativa tras su significativa derrota política. El Gobierno arremetió contra Sanitas y Nueva EPS, esta última con accionistas que incluyen varias cajas de compensación, que al parecer tampoco gozan de prioridad en los afectos del mandatario. Alarma que las supuestas violaciones de criterios financieros y el aumento de quejas y tutelas por la prestación del servicio no estén debidamente probados en los actos administrativos de intervención, ni en el expediente, según señaló la Procuraduría.Todo apunta a que esta intervención estaba planeada. El Presidente había anunciado que, si su proyecto no era aprobado, llevarían a las EPS a una asfixia financiera, haciendo que cayeran una tras otra, “shu, shu, shu”, como un juego de dominó, tal como lo ilustró gráficamente.Es evidente la causalidad entre la intervención gubernamental y la falta de ajustes oportunos en la UPC, así como el retraso en los desembolsos a las EPS de los fondos destinados a las prestaciones no incluidas en los planes de salud. El señor Jaramillo, como admitió en la Corte, y el Gobierno sabían de la necesidad de ajustar la UPC y no lo hicieron para evitar la crisis financiera del sistema, sin perjuicio de fortalecer controles para evitar desvíos de recursos.El auto 2881 de la Corte Constitucional del 20 de noviembre de 2023 ordeno al Ministerio de Salud ponerse al día con los pagos retenidos sin justificación. Incumpliendo esta orden, el Gobierno provocó deliberadamente un aumento de las quejas y tutelas contra las EPS, para ahora argumentar que es la razón de su intervención.Nadie cuestiona la facultad del gobierno para intervenir las EPS que no cumplen con sus funciones, donde haya corrupción o distraigan los recursos de la salud, pero cuando esas mismas facultades se emplean arbitrariamente, sin el fundamento ni el cumplimiento de los requisitos necesarios, corresponden al abuso en el ejercicio del poder y al desprecio por el ordenamiento jurídico.Es una expropiación indirecta de los accionistas de las EPS, ya que su destino final parece ser la liquidación. No solo se expropia a los empresarios, sino también a más de 15 millones de afiliados el derecho a la salud, pues la administración de estas entidades por personas sin experiencia será ineficiente e inadecuada.Ante el desprecio por las instituciones, la empresa privada, la separación de poderes, los derechos de los ciudadanos y los sectores más vulnerables de la sociedad, de ahora en adelante seremos testigos de más decisiones arbitrarias para controlar varios sectores de la economía.Tan preocupante como la situación en el sector de la salud es lo sucedido con el intento de tomar el control de los recursos del Fondo del Café administrado por la Federación, al citar a los cafeteros sin contar con su gerente. Esta estrategia podría aplicarse a todos los sectores que tienen contribuciones parafiscales, que, según el artículo 30 de la Ley 101/93, deben ser administradas directamente por las entidades gremiales con representatividad nacional de la actividad.El sector cafetero es principal beneficiario de la parafiscalidad rural con casi 600.000 familias, pero hay otros sectores: ganadería, papa, palma, fríjol, algodón, tabaco, caña, arroz y avicultura. ¿Cuál será el siguiente?Debemos unirnos de inmediato para enfrentar con la fortaleza institucional del Poder Judicial la defensa de la Constitución, las instituciones y las garantías de todos, o las perderemos irremediablemente en los próximos meses.MARTA LUCÍA RAMÍREZ(Lea todas las columnas de Marta Lucía Ramírez en EL TIEMPO, aquí)
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El Gobierno intervino dos EPS que representan a más de 15 millones de afiliados, el mismo día en que el Congreso archivó su proyecto de reforma de la salud. Esta acción parece ser una respuesta premeditada y vindicativa tras su significativa derrota política. El Gobierno arremetió contra Sanitas y Nueva EPS, esta última con accionistas que incluyen varias cajas de compensación, que al parecer tampoco gozan de prioridad en los afectos del mandatario. Alarma que las supuestas violaciones de criterios financieros y el aumento de quejas y tutelas por la prestación del servicio no estén debidamente probados en los actos administrativos de intervención, ni en el expediente, según señaló la Procuraduría.Todo apunta a que esta intervención estaba planeada. El Presidente había anunciado que, si su proyecto no era aprobado, llevarían a las EPS a una asfixia financiera, haciendo que cayeran una tras otra, “shu, shu, shu”, como un........
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