En los últimos días hemos sido testigos de una saturación mediática y en las redes sociales con respecto a lo que se ha interpretado como una “crisis explícita” del sistema de salud provocada, supuestamente, por el Gobierno Nacional. Nada más alejado de la realidad.

Las intervenciones a las EPS Sanitas y Nueva EPS por parte de la Superintendencia de Salud, liderada por Luis Carlos Leal, están encaminadas precisamente a lo contrario: garantizar una mejor gestión de las EPS para el cumplimiento adecuado de su deber de brindar atención de calidad a la población.

Ambas EPS tenían riesgos operativos, financieros o jurídicos que ponían en riesgo la prestación de servicios de salud. Sanitas acumuló una alarmante escalada de reclamos por atención deficiente y demora en pagos, además de cerrar el 2023 con una deuda de más de 2 billones de pesos. De hecho, actualmente adeuda a Cruz Verde más de 600.000 millones de pesos. Por su parte, la Nueva EPS tampoco cumple con los requisitos patrimoniales ni el régimen especial de reservas técnicas.

La interventoría de la Nueva EPS y Sanitas velará para que sus pacientes, empleados y acreedores reciban servicios de calidad, salarios justos y pagos oportunos. Son medidas temporales y tienen un solo objetivo: mejorar las fallas en la administración de los recursos de la salud para que se destinen a la prevención de enfermedades y la atención al paciente.

A estos se sumó el caso de Compensar, que solicitó voluntariamente retirar y liquidar su programa de EPS el viernes de esta semana. Según indicó su presidente, el señor Carlos Mauricio Vásquez, la razón de esta decisión es principalmente que el sistema de salud actual es insostenible. Aseguró que la compañía llevaba varios años lidiando con la sostenibilidad de la EPS debido a un problema sistémico del modelo de salud.

Las interventorías no son una solución nueva ni aislada. De hecho, el gobierno anterior, que vehementemente ha criticado las medidas de esta semana, intervino y liquidó 13 EPS en cuatro años. Además, en menos de 30 años del actual sistema de salud, más de 100 EPS han sido liquidadas.

Pero no solo eso. Según el informe de 2023 de la Contraloría General de la República, el 61 por ciento de las EPS no cuentan con la provisión ni con las reservas técnicas exigidas por la ley, incumpliendo los requisitos mínimos para operar. El mismo informe encontró que las EPS acumulan una deuda total de 25 billones de pesos, lo que pone en riesgo su operación y la vida de miles de colombianos. Todo esto a pesar de que el gobierno del presidente Gustavo Petro aumentó el presupuesto de salud 29 por ciento en 2023 y 20,71 por ciento en 2024.

La situación actual del sistema y de las EPS subraya la urgencia de construir un nuevo modelo de salud.

Desde el Gobierno Nacional ya lo estamos haciendo. La base de este nuevo sistema es la prevención de la enfermedad. Para ello, estamos desarrollando equipos médicos que vigilen, monitoreen y atiendan de manera rutinaria y constante a los usuarios de lugares más alejados del país. Como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, el modelo pretende disminuir las causales de las enfermedades, eliminarlas si es posible, o atenderlas en un estadio primario en momentos en que aún sea posible salvar vidas.

En las regiones más olvidadas del país, como La Guajira, el Pacífico o el sur del Caribe, empezamos a organizar los servicios de salud en Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud y con participación de la comunidad.

El modelo de salud para la vida también pretende recuperar, fortalecer y modernizar la red pública hospitalaria en todo el país, en particular en las zonas rurales y urbanas con baja cobertura de servicios de salud. Para eso estamos haciendo importantes inversiones en los territorios, y haciendo una auditoría juiciosa de los avances en las obras en instituciones de salud.

Así mismo se avanza en la dignificación de las condiciones laborales para las trabajadoras y trabajadores del sector.

Aun cuando la Comisión Séptima del Senado archivó esta semana la propuesta de reforma del sistema de salud del Gobierno del Cambio, insistiremos en la necesidad de un modelo para la vida basado en salud preventiva y predictiva de calidad. Nuestra apuesta es ampliar la cobertura, facilitar el acceso y mejorar la calidad de la atención, al mismo tiempo que garanticemos los derechos de los usuarios, sin ninguna discriminación en todo el territorio nacional. Nuestro compromiso, también, es mantener la calidad en la atención médica para aquellos que ya cuentan con acceso a servicios de salud.

El Gobierno Nacional se propuso el objetivo de salvaguardar el derecho de todos los colombianos a un servicio de salud digno, luego de décadas de un sistema que, para muchos, especialmente los más excluidos, no funcionó. Esa es y seguirá siendo nuestra prioridad.

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO

Ministro de Salud

QOSHE - Un modelo de salud para la vida - Guillermo Alfonso Jaramillo
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Un modelo de salud para la vida

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08.04.2024
En los últimos días hemos sido testigos de una saturación mediática y en las redes sociales con respecto a lo que se ha interpretado como una “crisis explícita” del sistema de salud provocada, supuestamente, por el Gobierno Nacional. Nada más alejado de la realidad.

Las intervenciones a las EPS Sanitas y Nueva EPS por parte de la Superintendencia de Salud, liderada por Luis Carlos Leal, están encaminadas precisamente a lo contrario: garantizar una mejor gestión de las EPS para el cumplimiento adecuado de su deber de brindar atención de calidad a la población.

Ambas EPS tenían riesgos operativos, financieros o jurídicos que ponían en riesgo la prestación de servicios de salud. Sanitas acumuló una alarmante escalada de reclamos por atención deficiente y demora en pagos, además de cerrar el 2023 con una deuda de más de 2 billones de pesos. De hecho, actualmente adeuda a Cruz Verde más de 600.000 millones de pesos. Por su parte, la Nueva EPS tampoco cumple con los requisitos patrimoniales ni el régimen especial de reservas técnicas.

La interventoría de la Nueva EPS y Sanitas velará para que sus pacientes, empleados y acreedores reciban servicios de calidad, salarios justos y pagos oportunos. Son........

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