El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. / Europa Press

A cada nuevo regate del Gobierno para burlar la instrucción del juez García Castellón, aumenta el disparate de la ley de amnistía. En un Estado de derecho las leyes son generales y no se pueden elaborar para blindar la impunidad de nadie. Los hechos del 'procés' fueron juzgados por el Supremo en 2019 y nunca, a lo largo de la instrucción, apareció la acusación de terrorismo. En aquel momento la polémica giraba alrededor de la violencia en relación con un posible delito de rebelión, extremo que la sentencia descartó. Ahora bien, entre 2018 y 2019 se vivieron en Catalunya episodios de violencia muchos más graves, con los CDR y el llamado Tsunami democràtic. García Castellón considera que, en aplicación de la ley antiterrorista de 2015, pactada entre PP y PSOE, que amplió la definición de terrorismo y endureció las penas, hay indicios para abrir una causa por ese delito contra Carles Puigdemont y Marta Rovira. Es posible que el que juez actúe con un exceso de celo, tal vez por motivaciones políticas. Y es probable también que la instrucción decaiga cuando siga su curso y pase a manos de otros jueces, pero entre tanto el poder legislativo no puede retorcer los conceptos jurídicos para satisfacer el acuerdo del PSOE con Junts, que pasa por la aplicación inmediata de los beneficios de la ley de amnistía.

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Afirmar, como pretende el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que existe un terrorismo menos malo, amnistiable, porque no vulnera gravemente los derechos humanos es una aberración. Es como sostener que hay asesinatos sin crimen. Sorprende mucho que, siendo una ley tan cuestionable desde el punto de vista constitucional, el Gobierno acepte abrir una nueva vía de agua. Es puro cortoplacismo que luego se pagará caro. Estas nuevas concesiones que intentan sortear, a corto plazo inútilmente, a García Castellón subrayan que la amnistía es un pago para satisfacer una exigencia personal: el regreso inmediato del expresident fugado sin que pueda ser detenido ni encarcelado. Es una pésima forma de legislar que debilita a la propia ley y desmiente cualquier posible virtud.