Las reformas no sólo son lesivas al desarrollo, lo son especialmente desde la orilla de que aún a la fecha no sabemos quién pagará la cuenta.

Somos conscientes que la reforma a la salud tiene reparos constitucionales, elimina la libre elección, plantea riesgos de cobertura en atenciones de 3 y 4 nivel de complejidad, sacrifica la gestión de riesgo financiero, multiplica la politiquería y corrupción, y con ello pone en riesgo la vida de muchos colombianos. Somos también conscientes que la reforma pensional acarrea un costo impagable a la juventud al futuro, elimina la libre elección, inyecta riesgos de politiquería y corrupción al sistema, y acaba con el ahorro pensional y crédito de largo plazo en tres décadas. Somos también conscientes que la reforma laboral genera desempleo, improductividad e informalidad, eleva los costos a la micro y pequeña empresa, inflexibiliza el mercado laboral, y facilita el abuso de la huelga aún en servicios esenciales. Algo parecido podría decirse de otras reformas en curso.

Y todo lo anterior sin dejar de reconocer que el país necesita reformas. Ojalá hubiesen sido construidas con más consenso y diálogo con especialistas. Sin embargo, mi preocupación más grande ha sido que en su trámite en el Congreso de la República se ha actuado con profunda irresponsabilidad fiscal. Nadie ha considerado lo que heredarán las futuras generaciones, para quienes estas reformas pueden ser fatales. Eso, sin considerar los costos que todos los colombianos tendremos que sufragar desde el 2024 o 2025, sin que a la fecha sepamos de qué chequera saldrá el pago. Como no se ha tomado en cuenta su costo, a hoy las reformas son sencillamente “una casita en el aire”.

Para no ir muy lejos, es altamente preocupante que nadie haya alertado en el congreso del reporte del comité autónomo de regla fiscal que habla de cómo en la reforma pensional el pilar solidario y semicontributivo terminarán costando 0,5% del PIB anualmente, y que entre los dos el país terminará pagando 1,2% de PIB de las próximas décadas. Tampoco nadie ha alertado que en el 2065 se acaba totalmente el ahorro pensional y con ello se afecta el crédito de largo plazo en Colombia y eso le costará al país un traslado al presupuesto nacional de 2,5% del PIB anual adicional.

En síntesis, está reforma le terminara costando al país la “bobadita” de 3,7% del PIB anual (¡¡¡53 billones anuales adicionales!!! ¡Tres reformas tributarias!). Nadie tampoco le ha contado al país que la reforma a la salud le costará a Colombia cerca de 17 billones anuales adicionales, entre los propósitos de atención primaria, red hospitalaria, saneamiento e incentivos de calidad.

En síntesis, sólo esas dos reformas le llegarán a costar al país 70 billones anuales adicionales (4 reformas tributarias nuevas), y todos tan campantes aprobándolas tranquilamente.

Cuánta falta hace alguien que se ponga en la raya y le cuente al país las irresponsabilidades que estamos aprobando. Por eso es valiente la joven Jerome Sanabria, y pueda ser que le siga contando a Colombia el riesgo que todas estas reformas tienen para su generación, y que el Congreso despierte del letargo en que se encuentra, frente a algo tan complejo.

*Rector Universidad EIA

jrestrep@gmail.com