Francisco Vidal Terminado el segundo proceso constitucional, con una abrumadora mayoría del pensamiento de derecha, uno de sus contenidos, en el marco del derecho a la vivienda, es la eliminación del denominado impuesto territorial, más conocido como contribuciones.
En general, los sucesivos gobiernos en el mundo y en Chile ejecutan reformas tributarias para financiar crecientes políticas sociales y donde el principio esencial de esas reformas es colocar más recursos donde hay más necesidades y vulnerabilidades y no al revés, por eso que esta propuesta de la derecha constituye un hecho inédito en la estructura tributaria de Chile post-Pinochet. Es cierto que en la legislación chilena en su historia y en el presente denominado “gasto fiscal” para incentivar sectores económicos determinados y también para fortalecer determinados territorios, pero nunca se había visto una propuesta que beneficie a los que “tienen más” para perjudicar directa o indirectamente a los que “tienen menos”.
A partir de 1981, en plena dictadura, se municipalizaron la atención primaria de salud y la educación. Esa decisión conllevó, ante las nuevas tareas de los municipios, generar un mecanismo de financiamiento para solventar y complementar dichos servicios junto al aporte estatal. Es así como se creó el Fondo Común Municipal, que es un financiamiento entre municipios cuyo objetivo es la solidaridad territorial. Dicho fondo en su creación determinó varias fuentes de financiamiento:
-Aporte fiscal directo, que fue prácticamente inexistente y de muy bajo monto, y solo se ha concretado en los últimos 15 años.
-El impuesto territorial, cuyo objetivo es recaudar en las viviendas de mayor valor con el objeto de aumentar dicho fondo.
-Los permisos de circulación con el mismo objetivo.
-Las patentes comerciales con el mismo fin.
La actual legislación en esta materia contempla las siguientes medidas:
-Un aporte fiscal.
-Los permisos de circulación cuya recaudación se distribuye en dos partes: un 37,5% de cada permiso queda en la comuna donde se solicitó y un 62,5% se destina al Fondo Común Municipal.
-Las patentes comerciales: un 40% queda en el municipio donde está ubicada la actividad comercial, o bien donde se localiza la casa matriz, y un 60% se destina al Fondo Común Municipal.
-En el caso de las patentes, en cuatro comunas: Vitacura, Las Condes, Providencia y Santiago, la composición es distinta, 35% en la comuna y 65% al fondo común.
-En materia de impuesto territorial, todas las comunas reciben el 40% de ese impuesto por viviendas localizadas en su territorio y el 60% concurre al financiamiento del fondo. También en este caso, las comunas de Vitacura, Las Condes, Providencia y Santiago recaudan el 35% de dicho impuesto y el 65% también concurre a financiar el fondo común.
En 2022 el Fondo Común Municipal recaudó US$ 2.750 millones, de los cuales, el 58% proviene del impuesto territorial, lo que lo convierte en el principal factor de financiamiento del fondo. El impuesto territorial vigente exime de pago al 77% de las viviendas, considerando que estas poseen una tasación fiscal igual o menor a $47.000.000, todas las propiedades por sobre esta cifra pagan impuesto territorial, aún más, las propiedades cuya tasación fiscal igual o superior a $605.000.000 tienen una sobretasa que implica mayor pago. Como es obvio y dado que las viviendas de mayor valor se concentran en las comunas cuyos habitantes tienen mayor nivel de ingresos, se explica que casi el 40% del total nacional de recaudación de impuesto territorial esté en Vitacura, Las Condes, Providencia, Lo Barnechea y La Reina.
De más está decir que la regla general es que el valor comercial de una vivienda, en promedio, duplica su tasación fiscal. La propuesta de la derecha exime del pago de este impuesto al 99,7% de las viviendas mencionadas y mantiene el cobro en las que pagan sobretasa, pero estas últimas son solo el 0,3% de las viviendas afectadas.
La diversidad de este cobro en las distintas comunas hace evidente que en las comunas populares y rurales el impuesto territorial definido por la ley no se cobra, considerando que la abrumadora mayoría de las viviendas localizadas allí están exentas de ese pago.
Como ejemplo, en una de las comunas más vulnerables de la Región Metropolitana, Lo Espejo, solo el 3% paga impuesto territorial. En Cerro Navia, el 5% de las viviendas lo paga. Mientras, en Vitacura el 99% paga impuesto y en Las Condes el 98%. Existen más de 230 comunas, de un total de 345, donde la mitad de su presupuesto, o más, depende de lo que perciben por ese fondo. Por eso, estamos ante a la política más regresiva de los últimos 33 años. La argumentación de la derecha es que en las comunas que dependen del fondo, el Estado debe solventar dicho financiamiento con impuestos generales.
Resulta curioso que la derecha proponga subsidiar a los sectores de más altos ingresos por la vía de los impuestos generales, considerando que la mitad de ellos proviene del IVA que pagan todos los ciudadanos. Por lo menos, a mí me resulta indecente que una vivienda en Las Condes, cuya tasación fiscal es de $500.000.000 y su valor comercial de $1.000.000.000, el propietario deje de pagar este impuesto para que el Estado reemplace ese subsidio cobrándoles a los sectores populares cuando pagan el IVA.
Cabe destacar, también, que el argumento de que un propietario de vivienda que paga impuesto territorial es porque la adquirió en la plenitud de su actividad laboral, pero al pensionarse reduce significativamente esos ingresos, en los últimos 10 años se legisló al respecto, y el propietario de una vivienda que hoy paga el impuesto y su ingreso es igual o inferior a $800.000 mensuales queda exento de pago y si su ingreso es entre $800.000 y $1.600.000 mensuales, cancela solo el 50%.
Quizá con esta medida queda más claro que nunca que quien redactó la propuesta de Constitución es la derecha, porque el grueso de quienes cancelan contribuciones se concentra en el bolsón electoral más grande de la derecha, el distrito 11: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén. La demostración de lo anterior es que los cinco alcaldes de esas comunas pertenecen a la derecha; que cinco de los seis diputados de este distrito son de derecha y que en sus concejos municipales la derecha se representa con una abrumadora mayoría. Si esto no es injusto y regresivo, no sé lo que es.
QOSHE - La contrarreforma tributaria de la derecha - Francisco Vidalaccount_circleinfobrightness_mediumcancel
Francisco Vidal Terminado el segundo proceso constitucional, con una abrumadora mayoría del pensamiento de derecha, uno de sus contenidos, en el marco del derecho a la vivienda, es la eliminación del denominado impuesto territorial, más conocido como contribuciones.
En general, los sucesivos gobiernos en el mundo y en Chile ejecutan reformas tributarias para financiar crecientes políticas sociales y donde el principio esencial de esas reformas es colocar más recursos donde hay más necesidades y vulnerabilidades y no al revés, por eso que esta propuesta de la derecha constituye un hecho inédito en la estructura tributaria de Chile post-Pinochet. Es cierto que en la legislación chilena en su historia y en el presente denominado “gasto fiscal” para incentivar sectores económicos determinados y también para fortalecer determinados territorios, pero nunca se había visto una propuesta que beneficie a los que “tienen más” para perjudicar directa o indirectamente a los que “tienen menos”.
A partir de 1981, en plena dictadura, se municipalizaron la atención primaria de salud y la educación. Esa decisión conllevó, ante las nuevas tareas de los municipios, generar un mecanismo de financiamiento para solventar y complementar dichos servicios junto al aporte estatal. Es así como se creó el Fondo Común Municipal, que es un financiamiento entre municipios cuyo objetivo es la solidaridad territorial. Dicho fondo en su creación determinó varias fuentes de financiamiento:
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