Quedé aterrado con la cifra: entre funcionarios, representantes del sector privado y la sociedad civil, Colombia registró un total de 378 delegados en la reunión de la COP28 que se celebra en Dubái. Es cierto que somos un país muy comprometido con el multilateralismo y con el cambio climático en particular, pero no deja de llamar la atención que tengamos tres veces más delegados que México, o la mitad de los de Estados Unidos –un país cuya economía es 90 veces mayor que la nuestra–.

Quien observe esto seguramente quedará con la sensación de que el país está en medio de un auge económico o, por lo menos, plantando en estas reuniones la semilla para tener uno. Tristemente, la realidad es la contraria. No veo la estrategia ganadora y sí mucho que perder.

Empecemos por el anuncio del presidente Petro, en el sentido de respaldar un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, algo que hasta ahora solo han hecho economías pequeñas –muchas de ellas insulares y, por supuesto, no petroleras. Más allá del titular y los aplausos que genera en ciertos sectores, uno se debe preguntar sobre la conveniencia que tiene para Colombia suscribir este tipo de compromisos, a cambio de nada.

No dudo que el petróleo tiene una fecha de caducidad, y que llegará el momento de prescindir por completo de los combustibles fósiles. Pero de ahí a afirmar que Colombia debe ser el país que asuma los costos hay un trecho muy largo. Más práctica parece la posición de los propios Emiratos Árabes, anfitriones de la reunión, que promueven la reducción gradual del uso de combustibles fósiles, pero sin comprometerse a dejar de producirlos. Entregar esa carta sin contraprestación es un error, sobre todo si se tiene en cuenta que este es solo un aspecto de la agenda de descarbonización.

El país no le ha prestado suficiente atención al nuevo reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR), el cual entró en vigencia el pasado 29 de junio. Esta normativa prohíbe el ingreso al mercado europeo de una serie de productos (café, cacao, ganado, aceite de palma, soya, madera y caucho) que hayan sido cosechados en tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Si la producción viene de tierras donde la cubierta forestal excedía en esa fecha el 10 % del área en cuestión, los productos no podrán ingresar al mercado europeo.

Sin perjuicio de la importancia que tiene ponerle freno a la deforestación, este es otro ejemplo del tipo de medidas en las que nosotros asumimos los costos y no los beneficios. Nuestros campesinos en parcelas de más de media hectárea tendrán que garantizar –y sufragar– la trazabilidad de sus productos con sus coordenadas geográficas, fotografías aéreas e imágenes de satélite, para no hablar de los productores de muebles que tendrán que geolocalizar todas las fuentes de madera.

No digo que esto no sea necesario. Lo que digo es que nosotros asumimos los costos. Para ilustrarlo con un ejemplo, si una sequía –causada por las emisiones de los países ricos– genera deforestación en alguna parte del país, de acuerdo a la normativa europea esa tierra ya no la podremos utilizar para la producción agrícola.

Al mismo tiempo, el Parlamento Europeo aprobó la adopción de un arancel compensatorio a los productos que provengan de países donde los impuestos al carbono sean inferiores a los vigentes en la Unión Europea, como Colombia. Esto aplicará, por ejemplo, al cemento, el acero, la chatarra y varios productos más.

La pregunta, más que obvia, es qué estamos logrando a cambio. Todo esto tiene sentido si al mismo tiempo se pudiesen mostrar avances en la contraprestación por la preservación de nuestra biodiversidad, pero, como de costumbre, el garrote parece que vendrá primero que la zanahoria. Lo que no entiendo es por qué Colombia no define una estrategia diplomática en la que se invierta el orden de las cosas: hasta que el mundo no pague por los servicios ambientales que producimos, no dejaremos la producción de hidrocarburos, ni aceptaremos medidas proteccionistas –medidas que, francamente, lo único que harán será empobrecernos.

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Empobrecidos en Dubái | Columna de Mauricio Cárdenas

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12.12.2023

Quedé aterrado con la cifra: entre funcionarios, representantes del sector privado y la sociedad civil, Colombia registró un total de 378 delegados en la reunión de la COP28 que se celebra en Dubái. Es cierto que somos un país muy comprometido con el multilateralismo y con el cambio climático en particular, pero no deja de llamar la atención que tengamos tres veces más delegados que México, o la mitad de los de Estados Unidos –un país cuya economía es 90 veces mayor que la nuestra–.

Quien observe esto seguramente quedará con la sensación de que el país está en medio de un auge económico o, por lo menos, plantando en estas reuniones la semilla para tener uno. Tristemente, la realidad es la contraria. No veo la estrategia ganadora y sí mucho que perder.

Empecemos por el anuncio del presidente Petro, en el sentido de respaldar un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, algo que hasta ahora solo han hecho economías pequeñas –muchas de ellas insulares y, por supuesto, no petroleras. Más allá del........

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