Petro tiene razón en criticar los sesgos en su contra de la procuradora y del fiscal general. También tiene razón en sus reparos a las demoras de la Corte Suprema en reemplazar a Barbosa. Pero eso no justifica su desestabilizador trino del pasado 2 de febrero, en el que informa al mundo que hay una “ruptura institucional” en Colombia porque la Procuraduría suspendió al canciller Leyva y la Fiscalía allanó e investiga a Fecode por posibles donaciones ilegales a su campaña presidencial.
Esas actuaciones de Cabello y Barbosa pueden ser criticadas por sesgadas y desproporcionadas, pues no tomaron medidas semejantes frente a abusos iguales o más graves durante el gobierno Duque. Por ejemplo, como lo documentó este diario, no hubo ni allanamientos ni investigaciones por donaciones empresariales que probablemente llegaron a la campaña de Duque, incluida una de más de 500 millones por Carlos Mattos, condenado por corrupción. Pero esas actuaciones, por sesgadas que sean, no son una ruptura institucional: la Procuraduría tiene esa facultad de suspensión de funcionarios y el manejo de la licitación de pasaportes por el canciller Leyva ha sido desastroso. Por su parte, la Fiscalía puede y debe investigar delitos electorales, como la violación de topes de gastos en las campañas.
Igualmente exagerado fue que Petro anunciara al mundo una “toma mafiosa de la fiscalía” y que era el “momento de la expresión popular” porque “no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo”. Esto animó, además, la movilización y el plantón de sectores cercanos al gobierno ante la Corte Suprema el pasado jueves.
Obviamente los ciudadanos tienen derecho a la protesta y la movilización, incluso para criticar decisiones judiciales, pero las presiones de hecho a los jueces, sobre todo si son estimuladas por declaraciones presidenciales, son inaceptables. A los jueces y a las cortes se les plantean argumentos y razones; no se les hacen plantones amenazantes porque eso erosiona la independencia judicial. Por eso, así como en mis últimas columnas he criticado las demoras inaceptables de la Corte en reemplazar a Barbosa, rechazo cualquier presión de hecho sobre los magistrados.
Este trino de Petro, que agrava las tensiones y enfrentamientos institucionales, es entonces contrario a su deber como jefe de Estado, que es garantizar la unidad nacional y el respeto de la Constitución. Además, Petro debería recordar su historia de vida: cuando fue destituido por Ordóñez siendo alcalde de Bogotá, lo que lo protegió no fueron las calles, a pesar de todos sus discursos en el Palacio Liévano; fueron los jueces y tribunales colombianos.
En enero de 2014, Petro fue destituido por la Procuraduría e inhabilitado por 15 años: su carrera política parecía acabada. Pero no fue así: aunque el itinerario jurídico fue muy enredado, pues hubo tutelas con decisiones encontradas, y acciones ante la CIDH, en esencia lo que paró la destitución fue la acción de nulidad de Petro ante el Consejo de Estado: en mayo de 2014 ese tribunal suspendió provisionalmente la destitución y en noviembre de 2017 la anuló definitivamente. A pesar de la arbitrariedad de Ordóñez, Petro no tuvo interrupciones en su carrera política.
Fueron entonces las instituciones, especialmente la rama judicial, las que protegieron la carrera política de Petro. Colombia, a pesar de todas sus debilidades democráticas, tiene independencia judicial y la inmensa mayoría de los jueces y magistrados ejercen dignamente sus cargos. Por eso, y porque además es su deber como jefe de Estado, Petro debe ser el gran defensor de nuestras instituciones y, en especial, de la independencia judicial, en vez de aparecer, torpemente, como su potencial enemigo.
(*) Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
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