Algunos pensarán que el primer gran desafío de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, no será acusando a un posible criminal sino defendiéndose frente a las demandas que probablemente habrá en contra de su nombramiento, debido a la renuncia de Amelia Pérez, que parecía obligar a Petro a rehacer la terna. Pero en realidad no creo que este punto deba preocuparle mucho, pues la Corte acertó al considerar que la elección podía realizarse. La razón: no podía surtir efectos una renuncia presentada a último momento y que no había sido aceptada por el responsable de la terna: el presidente.
Existe además un precedente aplicable a este caso: la sentencia unánime de 2001 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que validó la elección del magistrado de la Corte Constitucional Monroy Cabra en una situación muy parecida. Monroy fue elegido de una terna presentada por Pastrana, pero otro de los integrantes de la terna renunció poco antes de la votación en el Senado. El Consejo de Estado consideró que esa renuncia tardía era inane por no haber sido aceptada por el presidente y que la elección de Monroy era válida.
Descartado ese desafío contra su elección, en realidad menor, la nueva fiscal enfrenta otros retos, estos sí difíciles y complejos.
Por limitaciones de espacio, en esta columna me concentro en uno solo: la necesidad de recuperar la legitimidad de la Fiscalía, que enfrenta una de sus peores crisis debido al uso político de la institución por Barbosa y a su falta de imparcialidad y transparencia. Camargo deberá mostrar que, contrario a su antecesor, es independiente y, en particular, que no será influida en sus decisiones por su cercanía al ministro de Defensa y que liderará imparcialmente todas las investigaciones, incluso aquellas que involucren al actual gobierno.
La recuperación de la legitimidad de la Fiscalía pasa igualmente por fortalecer la transparencia en los indicadores sobre la institución. Esto es fundamental, pues Barbosa fue opaco en este aspecto (bueno, y en muchos otros). Por ejemplo, en sus informes se vanagloriaba de sus resultados, para lo cual recurría esencialmente a un indicador: la “tasa de avance en el esclarecimiento”, y decía que, por ejemplo, se había pasado de 19 % en el período de Montealegre y 28 % en el de Martínez a 44 % durante su gestión, que parece extraordinario. Pero nunca explicaba en qué consistían esos avances: ¿imputaciones? ¿acusaciones? ¿condenas? ¿archivos? Igualmente obstaculizó el acceso a los datos, lo cual dificultó cualquier verificación independiente de su información. Esto debe corregirlo la nueva fiscal: para recuperar la independencia, decencia y transparencia de la Fiscalía necesitamos información clara y accesible sobre su funcionamiento.
Camargo tiene las cualidades para sortear exitosamente este y otros desafíos, pues tiene una trayectoria muy apropiada para el cargo. Sabe de investigación criminal: participó en casos muy complejos y contra actores poderosos como la parapolítica en la Corte Suprema o las investigaciones contra expresidentes en la CICIG en Guatemala. Conoce bien la Fiscalía en sus distintas instancias, pues fue directora seccional en Bogotá, por lo cual está familiarizada con los crímenes que afectan al ciudadano de a pie, pero también fue fiscal delegada ante la Corte Suprema, que le permitió llevar casos contra poderosos aforados. Y en toda esta larga trayectoria, Camargo ha mostrado independencia y entereza y no se le conoce ningún cuestionamiento. Un excelente nombramiento a partir de una excelente terna. Es el fin del desastroso período Barbosa-Mancera.
Adenda: es un buen augurio para la Universidad Nacional el abrumador triunfo en la consulta para rector del respetado colega Leopoldo Múnera.
(*) Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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