Durante los incendios de la semana pasada y dadas las dificultades oficiales para contenerlos, varias personas llevaron a las redes sociales una serie de preguntas parecidas. Algunas compartían el tono irónico; otras, las sinceras dudas. ¿Para cuándo el uso de avionetas anteriormente empleadas para arrojar glifosato? Si servían para sobrevolar espacios cargadas con líquidos, ¿qué les impide llevar agua a las montañas?

Lo que arrancó como una súplica espontánea terminó en un evento aplaudible, como reacción a las voces ciudadanas o de manera previamente acordada entre funcionarios y funcionarias. Cualquiera sea el caso, la administración de Petro anunció que, entre la flota aérea disponible para atender delitos ambientales y urgencias ocasionadas por El Niño, serán habilitadas algunas aeronaves que eran usadas para esparcir glifosato.

El mismo Estado que durante décadas protagonizó “delitos ambientales” (y sociales y regionales) deja atrás sus andanzas. Contrasta la nueva política de drogas, aparentemente centrada en los derechos humanos, con la estela de aeronaves prestadas, cedidas y compradas en su mayoría a los Estados Unidos, desde los tiempos del Paraquat y la marihuana en la Sierra Nevada y la península de La Guajira hasta los inicios del glifosato, la coca y la intensificación del celebrado Plan Colombia.

El cambio de enfoque es bienvenido, pero no todo termina con modificar la operatividad de las aeronaves. La mirada aérea con que todavía se fiscalizan los territorios con cultivos de coca y se legitiman las discusiones sobre cantidades de hectáreas que es preciso erradicar requiere igualmente un desmonte. Si la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito persiste en la rutina fiscalizadora y el mal uso de sus ojos satelitales, de poco o nada habrá servido que un par de avionetas carguen agua en vez de glifosato.

La guerra contra las drogas sigue siendo una política que privilegia lo aéreo y lo visual sobre lo local y la oralidad de quienes la padecen.