La cosa viene de lejos: a comienzos de los años noventa –en aquellos tiempos de desencanto social mundial y cambios profundos–, los análisis sobre la prestación del servicio de energía en el país por parte de los economistas expertos mostraban preocupación porque el modelo privatizador no tenía la celeridad que se esperaba en este campo. Había que generar confianza en la rentabilidad del sector y darle paso a las acciones que volvieran atractiva la inversión privada en la administración del servicio. En 1992, en un artículo titulado “Privatización en el sector eléctrico”, Francisco J. Ochoa, decía que para que el capital privado fluyera en ese sentido era necesario que existieran reglas claras y estables que hiciera fácil la recuperación de la inversión “con tasas adecuadas de rentabilidad”.
Era fundamental, decía el especialista, que se frenara “el otorgamiento de subsidios indiscriminados”. Había que entender que la ganancia es el objetivo de la inversión privada y que, por tanto, si bien se trataba de un servicio de primera necesidad, no se le podía pedir a las empresas privadas que hicieran obras de caridad. La privatización llegó, pero la esperanza de un mejor servicio y la regulación de las tarifas por la competencia –premisas del mercado– no ha sido posible.
Hoy en día no existe ningún ciudadano o ciudadana en el Caribe colombiano que no se queje por el alto costo del servicio de energía. Antes los madrazos fueron contra Electricaribe y Electrocosta, hoy van dirigidos contra las empresas Afinia y Air-e. Ha habido movilizaciones ciudadanas en varias ciudades de la costa con la banda sonora de un vallenato compuesto por Julio Oñate Martínez e interpretado por Iván Villazón –el homenajeado de este año en el festival Vallenato–. Según los cálculos, en marzo de este año un hogar estrato uno en el Caribe colombiano pagó entre $107.002 y $116.725 pesos por el mes de servicio, mientras que ese mismo estrato pagó en la ciudad de Medellín $34.156 pesos; en el estrato cuatro se pagó entre $412.263 y $441.272 pesos, y en Medellín $140.229 pesos.
Uno de los factores que encarecen el servicio es el Plan de Desarrollo del gobierno anterior –apoyado por la bancada costeña en el Congreso, hay que decirlo–, que en su artículo 318 autorizó al “Gobierno Nacional para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria”, y el artículo 290 que otorgó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la facultad de modificar las tarifas vigentes cuando fuera “necesario para incluir nuevos actores”. Se suman, por supuesto, la pérdida de energía por el mal estado de las redes y por el fraude en el consumo, situación que las empresas libran a partir del incremento en el recibo de todos los ciudadanos. Esto genera un círculo vicioso porque entre más caro es el consumo más se incrementa la posibilidad de que se haga fraude incluso por aquellos que nunca lo han tenido como práctica.
Llama poderosamente la atención ver a algunos alcaldes y gobernadores del Caribe colombiano, bailando al ritmo de la tonada vallenata que denuncia los excesos en los cobros de energía, portando carteles como universitarios y sindicalistas en huelga, y exigiéndole al gobierno central el pago de la pérdida de energía y el aumento del subsidio para los estratos más bajos. Así debería ser, pero digo que llama poderosamente la atención porque muchos de ellos o sus casas políticas, fueron entusiastas impulsadores de la privatización de los servicios públicos, han sido refractarios a las políticas de los subsidios a los menos favorecidos y, por lo regular, solo se pronunciaban en este sentido para salvar empresas.
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