Debo iniciar esta columna diciendo que creo categóricamente en la movilización social como herramienta de participación de la ciudadanía en las decisiones que toman todas las altas esferas del poder público. Así, sin matices, el derecho fundamental a la protesta debe ser garantizado por el Estado; ese es su papel constitucional y misional. Sin embargo, y dicho esto, creo que el campo popular debe organizarse de manera estratégica para no desgastar esta forma de manifestación sino, por el contrario, fortalecerla con contundencia y proyección.

La semana pasada se registró la marcha por la elección de una nueva fiscal general: en varias ciudades del país salieron miles de personas a exigir que la institución hiciera por fin el tránsito a otra jefatura después de la desastrosa gestión de Francisco Barbosa. Reclamo justo, pero hoy en día las formas importan. Si bien reitero que la ciudadanía es completamente libre de salir a manifestarse cuando y como le parezca, considero que la potencia de tomarse las calles debe estar acompañada de un sentido de oportunidad y pertinencia acorde a las reglas tácitas de este juego que todos llamamos política. En un momento en el que la crispación se toma las conversaciones cotidianas, cada decisión debe ser evaluada con audacia. Los pros y los contras de cada acción deben ser tenidos en cuenta con cabeza fría. En este caso, la Corte Suprema supo utilizar la movilización y las actuaciones de unos cuantos acalorados para desviar la atención de su responsabilidad en la elección de una nueva fiscal. En ese tire y afloje, la magistratura aprovechó para tergiversar el sentido y la profundidad de un justo reclamo ciudadano y se encerró en su torre de marfil, dejando al país en las nefastas manos de la ya ampliamente cuestionada Martha Mancera. Enroque.

En últimas, creo que las instituciones democráticas sin duda deben ser protegidas y respetadas, esto sin convertirlas en entes incuestionables. Así mismo creo que la movilización callejera es un derecho fundamental inalienable; eso no quiere decir que no deba ser planeada con serenidad y tino estratégico. Ojalá las instituciones asuman este momento histórico de cambio con altura y respeto por el espíritu de justicia que se les ha encargado. Y ojalá el campo popular fortalezca y diversifique su organización, su proyección y sus formas de pronunciarse.