La reciente carta abierta de María Jimena Duzán al presidente Petro saca de la esfera de las habladurías un asunto que preocupa a los colombianos y abre un debate que, a mi juicio, el país debe dar. La importancia del escrito radica en que no viene de una oposición radical. Es un texto tan serio y contundente como compasivo y hasta afectuoso, de quien ha acompañado a Petro ideológicamente y en su carrera por la presidencia.

El presidente respondió con un trino que, lejos de tranquilizar a la opinión, termina de abrirnos los ojos. Con ironía y displicencia dijo que su única adicción es al café. Desatinada respuesta porque acompañó el desayuno con un papayazo servido en bandeja. La cafeína despierta en las mañanas y da energía para cumplir con la agenda laboral. Parecería entonces que al presidente la cafeína no le hace mayor efecto.

No me referiré a lo que significa la adicción a las sustancias psicoactivas planteando una discusión que conlleva elementos que atañen a las libertades individuales, a la intimidad y a la medicina. Diría solamente que una adicción implica un trastorno mental, no solo por la dependencia a una sustancia, sino por los efectos y la abstinencia a la misma. Es decir, un adicto al alcohol, por ejemplo, padece un trastorno mental no solo derivado de la necesidad de su consumo, sino del síndrome de abstinencia que externaliza los efectos del trastorno.

Quisiera, sin embargo, llamar la atención sobre las materias de orden político que rodean este debate. El presidente es un ser humano que puede enfermarse, faltaría más. Lo que no es permisible, en su dignidad de jefe de Estado, es que un trastorno físico o mental trascienda de lo íntimo afectando sus obligaciones y, en consecuencia, a la Nación. Un presidente le debe a los ciudadanos transparencia en relación con sus capacidades para ejercer el cargo. Este es un tema de interés público que va más allá de lo que se llama en derecho la “moral y las buenas costumbres”. Tiene que ver con que el pueblo soberano tenga la absoluta certeza de que los asuntos de Estado están siendo conducidos por quien está en sus cabales.

Mientras el presidente no demuestre una ética que así lo entienda y no haga público un chequeo médico que certifique su estado de salud, el país debe dar una conversación sobre los mecanismos para demandar de él esa transparencia. De acuerdo con la Constitución, al presidente se le puede enjuiciar por “indignidad por mala conducta” en el ejercicio de su cargo, que no es otra cosa que la comisión de actos que mancillen la mayor dignidad institucional. La Constitución es clara, pero la jurisprudencia y la doctrina han encontrado vacíos por falta de regulación de ese concepto constitucional, de forma tal que el control político termina siendo improcedente y parecería imposible un juicio político por los reiterados incumplimientos de agenda, las misteriosas desapariciones y la evidente falta de mesura en el manejo de su cuenta de X.

No siendo una constitucionalista, a mi juicio el tema no debe quedar en lo anecdótico y el debate debe darse como sucede en otras democracias, en las que la opinión pública y la prensa están en su derecho de ejercer presión política para entender si algo afecta a quien tiene las riendas del gobierno.