Con las bermas –aquellas franjas de las vías construidas a lado y lado de las calzadas—está sucediendo, en forma creciente, lo mismo que ocurrió en el pasado con los andenes de Bogotá. Son espacios públicos que están siendo invadidos y convertidos en parqueaderos permanentes al servicio de los negocios privados adyacentes, los cuales se aprovechan de la inversión del Estado en las carreteras y ponen las bermas a disposición exclusiva de sus clientes. En una palabra: se trata de una lucrativa privatización ilegal y abusiva de un bien público.

Las invasiones de las bermas pululan en todas partes del país, especialmente en las vías que entran y salen de las principales ciudades. La situación es más grave en las llamadas autopistas que cruzan los pueblos, donde, gracias al parqueo masivo sobre el espacio público, estas se han convertido en su calle principal y el centro de la actividad comercial de los municipios. Allí, además de las bermas, con frecuencia, los mismos carriles de las vías también se han convertido en sitios de parqueo masivo.

Son muchos los perjuicios creados por la invasión y aprovechamiento indebido de las bermas. La velocidad del tráfico se ralentiza, los movimientos de los carros que parquean sobre ellas ponen en peligro la circulación por las calzadas. La invasión de las bermas impide su uso legítimo, aquel permitido por las normas de tránsito, es decir, el movimiento de peatones y el parqueo o el tránsito de vehículos, entre ellos las ambulancias, únicamente en casos de emergencia. Por otra parte, la invasión masiva de las bermas en los puentes y fines de semana causa con frecuencia el colapso del tráfico, impone costosas demoras a cientos de miles de personas (millones de horas perdidas por la privatización del espacio público), eleva el uso de combustible y causa perjuicios económicos y sociales de grandes dimensiones, entre ellos, el daño a la economía al impedir que se produzcan los ahorros que se perseguían con las inversiones públicas.

La privatización de las bermas es aún más abusiva en las vías que han sido concesionadas, por cuyo uso carros y camiones pagan costosos peajes, que contribuyen a financiar la construcción de las mismas bermas invadidas, a cambio de los cuales, según las normas, los usuarios deberían recibir garantías de una velocidad mínima en condiciones de seguridad aceptables.

Lo peor es que, a diferencia de lo que sucedió en la capital, donde el alcalde Enrique Peñalosa decidió defender el espacio público, ponerlo a disposición de la ciudadanía, prohibiendo que los andenes siguieran convertidos en parqueaderos privados, desde hace años, ni el Gobierno nacional ni ninguna autoridad local toma cartas en el asunto de las bermas invadidas. Nadie defiende el interés público ordenando que se despejen esos espacios para que cumplan con su función (como dijimos atrás, la Ley de tránsito solo autoriza el estacionamiento transitorio sobre esos espacios en casos de emergencia). En muchas ocasiones, al lado de decenas de vehículos parqueados sobre las bermas, la policía, como si estuviera protegiendo los negocios que se aprovechan de ellas, ignora olímpicamente esta situación y se limita a realizar funciones de vigilancia o pedir licencias de conducción y otros documentos a los conductores afectados por la obstrucción del espacio público.