La contracción del PIB en el tercer trimestre de este año, del -0,3 %, fue la culminación del progresivo deterioro de la economía a lo largo de 2023. Y no se descarta que se registren otros trimestres con cifras en rojo y que la economía entre transitoriamente en recesión. Tampoco se esperan buenos resultados para 2024: el equipo técnico del Banco de la República proyecta un crecimiento de solo el 0,8 % del PIB en ese año.

El problema más serio detrás de la caída del PIB es la brutal contracción de la acumulación de capital —del 11 %—, una variable que incide directamente en el crecimiento de largo plazo del país. Esto es consecuencia de varios factores negativos, entre ellos, la incertidumbre de los empresarios, la confusión regulatoria, el frecuente anuncio del cambio de reglas del juego, el alza de impuestos corporativos y, en general, las dudas sobre el futuro de la economía.

Unos de los principales elementos en la contracción de la inversión ha sido la política del Gobierno con respecto a la construcción. Por una parte, la brutal reducción de la construcción de vivienda ha sido el previsible resultado del cambio abrupto de las políticas, que solo ahora, frente a la evidencia del desastre, el ministerio del ramo comienza a corregir. Y por otra, no se queda atrás la postración de la construcción de las obras civiles, que tuvo una caída del 15 % anual, fruto de la parálisis del lanzamiento de nuevos proyectos de concesión, la congelación de los peajes y las contradictorias señales por parte de las autoridades.

En materia de obras públicas, causó desconcierto el preocupante mensaje del presidente Petro en Cartagena, que muchos interpretaron en el sentido de que no habría nuevos proyectos de construcción de vías por concesión en Colombia (al igual que cuando anunció que se acababan los contratos de exploración de petróleo y gas, añadió que se respetarían los contratos existentes) y que la ANI se enfocaría en la construcción de obras sociales. Sorprendió también que el mandatario manifestara que, como en el México de AMLO, los militares de nuestro país pasarían a ejecutar las obras públicas, alejándose aún más de sus indispensables y descuidadas funciones de luchar contra el crimen y la inseguridad.

Aunque estos anuncios fueron clarificados más tarde por el ministro de Transporte, quien anunció la licitación de algunas nuevas concesiones, entre ellas, las vías Villeta-Guaduas, Dorada-Chiriguaná y Pasto-Popayán, se hizo evidente que el sector requiere urgentemente señales claras y firmes sobre el futuro de las reglas del juego. Ver para creer. Con los temores existentes, la inversión privada no retornará a este sector.

Por último, en forma equivocada, gran parte de las discusiones sobre la reactivación se orienta exclusivamente a señalar la necesidad de que el Banco de la República reduzca prematuramente sus tasas de interés. El elevado crecimiento de los precios, todavía por encima del 10 %, sigue deteriorando el poder adquisitivo de millones de personas e incide en la caída de la demanda agregada y el aumento de la pobreza. Una reducción de 25 puntos básicos en diciembre o en los meses siguientes, poco o nada cambiarán las adversas condiciones de la inversión, las cuales dependen, como se señaló, de la incertidumbre, la mala regulación y las adversas condiciones de los negocios.