En la costa Caribe y otras regiones del país existen movimientos para reducir o eliminar los peajes de las carreteras y, así mismo, para recortar las tarifas de los servicios públicos, especialmente las de la energía eléctrica. Si estas iniciativas tienen éxito, habrá un alivio en el corto plazo para el bolsillo de los usuarios y los políticos se presentarán como los redentores de la población. Pero se corre el riesgo de que, a la larga, no se puedan construir nuevas vías y se ponga en peligro la continuidad de los servicios públicos. Un anticipo de lo que se viene ya nos lo dio el ministro de Transporte cuando anunció que, por la imposibilidad de cobrar los peajes, la concesión denominada Autopistas del Caribe debía cancelarse. Esta región, infortunadamente, se quedará sin estas vías tan necesarias para su desarrollo económico. Y en la medida en que estos movimientos sigan triunfando y se desmonten otros peajes, se entorpecerán las concesiones existentes y no se podrán emprender nuevos proyectos. Sin peajes no habrá obras.

Algo parecido puede suceder si se reducen las tarifas de la energía eléctrica en la costa Caribe y no se elevan en forma simultánea y efectiva, dentro de un plan de inversiones para mejorar el servicio, los subsidios que deben recibir las empresas de distribución para cubrir los menores cobros a los usuarios. Si no son efectivamente compensadas, estas entidades, que ya están en mala situación financiera, no podrán sobrevivir. Y con empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos (algo semejante a lo que pasa con las EPS que no reciben los pagos que les adeuda el gobierno), la calidad y la continuidad de los servicios a los habitantes de esa región estarán seriamente amenazadas. Con interrupciones y apagones cada vez más frecuentes se deteriorará en forma considerable la competitividad de los departamentos del Caribe.

Algunos políticos y ciertos miembros del gobierno, seguramente, insistirán en que esto no es preocupante; que deben desmontarse las concesiones de carreteras y las empresas de servicios públicos. Proclamarán que el Estado debe asumir estas responsabilidades. Añadirán que el Invías, por medio de contratos de obra pública, pagados con recursos del presupuesto nacional, debe construir todas las carreteras del país. Y así mismo, que el gobierno, con la intervención de la Superintendencia y el ministerio de Minas y Energía debe nacionalizar y asumir la responsabilidad de administrar, operar e invertir en la red de distribución de la Costa y otras regiones.

Cualquier analista serio sabe que esto sería un desastre. El déficit público es muy elevado y no existe espacio fiscal para asumir las inversiones requeridas. Esto para no hablar de la carencia absoluta de capacidad institucional y gerencial para realizar estas obras y administrar las empresas. Los habitantes del Caribe saben bien las consecuencias de entidades como Corelca y el impacto de la intervención de las empresas de distribución por parte de la Superintendencia.

Es necesario encontrar soluciones que alivien los problemas del momento sin destruir el marco institucional y, sobre todo, sin empeorar la delicada situación actual. Hay que evitar que, por decisiones populacheras, se cancelen las obras y se creen las condiciones para que se deteriore en forma irremediable el servicio de energía.