A medida que se acerca la justicia en el montaje del caso terrorismo, algunos comienzan a notar que el barco se está hundiendo y, fieles a su naturaleza, ellos mismos sacan a relucir la parte de culpa que les toca, pero lo hacen como corresponde a su bajo nivel moral, a su ignorancia en materia de leyes, pero especialmente, pensando que los organismos internacionales responsables de actuar en estos casos van a seguir manteniendo el mismo contexto de impunidad que ha imperado desde que se produjo la matanza del hotel Las Américas, en abril de 2009.
El falso matemático y ex vicepresidente García Linera habla como si estuviera inventando un nuevo teorema de las tablas de multiplicar. Dice que no le toca responsabilidad ni a él ni al cocalero Morales, porque ellos no estuvieron presentes esa madrugada, tampoco jalaron el gatillo ni ejecutaron las torturas. En cualquier momento va a salir con el cuento de la “rotura de cadena de mando”, como pasó cuando apalearon a los indígenas en Chaparina el 2011 o algún otro invento ridículo. Como se sabe, el ex presidente confesó haber dado la orden de intervenir contra los ciudadanos europeos que fueron ejecutados y de entrada es el culpable numero uno de lo que pasó allí. Cuando todo salga a la luz, se comprobará también cuánto le toca a cada uno, eso lo sabe el “illuminati” y por eso es que inventa uno de sus acostumbrados “sofismas”.
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, otro de los cómplices de toda esta patraña, asegura absurdamente que no se investigará a los que dieron la orden y tampoco se investigará las muertes ocurridas esa fatídica noche, como si se pudiera separar una cosa de la otra, como si ejecutar salvajemente a un individuo no fuera violar los derechos humanos. En la misma línea del “Linerita” propone que sólo se investigue a quienes cometieron los hechos de tortura contra los sobrevivientes y los abusos perpetrados contra los procesados acusados sin pruebas durante diez años.
Uno de los más grotescos ha sido el procurador general, César Siles, que se supone debería ser un experto en leyes. Su propuesta confirma por qué su oficina no gana ni un solo juicio y es inservible para el estado. Dice que hay que reabrir el caso terrorismo, un proceso que fue cerrado y archivado por falta de materia justiciable y que ya se encuentra en instancias internacionales que justamente estén exigiendo el esclarecimiento total, la sanción a los culpables y la reparación de los daños causados a decenas de personas.
Cualquiera de estas ideas descabelladas podría prosperar en Bolivia, donde todo puede ocurrir, donde los bandidos tuercen la justicia hacia donde les conviene. De hecho lo van a intentar para zafar del largo brazo de la ley. La buena noticia es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha demostrado interés y está pendiente de las maniobras que siguen ensayando nuestros aprendices de dictadores.
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