La Generalitat anunció ayer la práctica intervención de todo el mercado de alquiler de Catalunya. Con el nuevo listado de municipios que la administración catalana añadirá a la lista de “zona tensionada”, el 90% de los ciudadanos de esta comunidad vivirán ya en un término municipal en el que habrá dejado de regir el libre mercado en las relaciones contractuales entre propietarios e inquilinos.
Que ERC, junto a Podemos, fuese el partido que más apretó para que se aprobase la ley de vivienda durante la pasada legislatura, junto a la inminencia de las elecciones catalanas, explica la prisa por ampliar el experimento en el mercado de alquiler por parte de Pere Aragonés. Si en la primera tongada fueron 140 municipios los declarados “zona tensionada”, entre ellas las áreas urbanas de mayor población, el anuncio de ayer afecta ahora a 131 nuevos términos municipales, muchos de ellos destinos turísticos de la comunidad catalana.
Al mismo tiempo que en un ambiente de precampaña el Gobierno de Pere Aragonés sacaba pecho de su apuesta redoblada, se hacían públicos también los primeros datos sobre el impacto de la medida tras un mes en vigor en los primeros 140 municipios con el alquiler intervenido.
Llegaban simultáneamente al anuncio gubernamental de la mano del portal inmobiliario Idealista. Y confirmaban los peores augurios. El efecto de la medida, de momento, es el contrario que formalmente se pretendía.
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Ahí es nada: con la entrada en vigor del control de precios, el 'stock' de alquileres permanentes se ha derrumbado en las cuatro capitales catalanas (Barcelona -14%, Girona -21%, Tarragona -16%, Lleida -9%). Por provincias el colapso es también significativo (Barcelona -14%, Tarragona -10%, Girona -7%, Lleida -5%). En el conjunto de la comunidad autónoma, la caída de la oferta de viviendas en alquiler permanente es del 13%. No solo eso. A la caída de las unidades en alquiler habría que sumar, según los mismos datos, que tampoco se ha conseguido frenar el incremento de precios. La escalada desde la intervención del mercado es del 4,3% en el conjunto de Catalunya (Girona +6,4%, Barcelona +4,6%. Por el contrario, en Lleida y Tarragona sí bajaron los precios, un -2,8% y un -1% respectivamente).
Hay que señalar que el informe de Idealista merece dos salvedades. Una la explicitaba la propia empresa al presentar sus datos, alertando de que excepcionalmente ha utilizado en esta ocasión métricas semanales específicas en lugar de sus habituales metodologías trimestrales. Así que la compañía sitúa los datos presentados en el terreno de la provisionalidad, que debe confirmarse con su metodología habitual de carácter trimestral durante todo el ejercicio. La otra salvedad la añadimos nosotros y es que no estamos ante datos oficiales sino ante los que acumula y analiza un actor privado que, lícitamente, tiene sus propios intereses.
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Aun así, su cuota de mercado es lo suficientemente importante para que las cifras que ha aportado sean tenidas en cuenta para una primera valoración y el señalamiento de una tendencia.
Y lo que dice esta primera toma del pulso del mercado tras la intervención de precios es que los propietarios no están por la labor de hacer demasiado caso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que la semana pasada les pedía explícitamente ayuda en una intervención con cierta intensidad dramática escenificada con un “os necesitamos”.
A tenor de lo visto en Catalunya, la petición de auxilio del Gobierno no tiene efecto alguno en el alquiler permanente. Más bien todo lo contrario. Vamos camino de confirmar nuevamente que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, sobre todo en políticas públicas. De momento, lo que sí se ha acelerado es la fuga de inmuebles hacia el alquiler de temporada. En Barcelona supone ya el 30% del parque total. Y subiendo.
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La ampliación del listado de municipios con el alquiler intervenido por parte de la Generalitat es una medida precipitada y responde a criterios únicamente electoralistas.
Eso no quiere decir que el problema no existe. Existe, vaya si existe. Y no afecta únicamente a los lugares con alta densidad de población.
El auge del turismo en todas sus modalidades ha provocado también escasez de vivienda de alquiler permanente en muchos municipios que ahora se incorporan a este nuevo decreto.
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Pero los experimentos hay que hacerlos con gaseosa. Y evitarlos si antes han salido mal en otros sitios. En este sentido, la experiencia internacional ya demuestra que el intervencionismo del parque de alquiler privado acaba por estrangular la oferta, provocando graves perjuicios (menos vivienda disponible, encarecimiento y mercado negro).
Pero, aun obviando lo sucedido en otros lugares, la Generalitat hubiera podido aguardar igualmente la evolución y los efectos de la intervención del mercado practicada en los primeros 140 municipios para, con datos fiables y oficiales en la mano sobre la bondad o no de la medida, ampliarla o rectificarla pasado un tiempo.
En lugar de eso, Aragonès ha optado por el electoralismo ramplón: ¡hay que dar titulares, que estamos en campaña!
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Esperemos que pasado el periodo electoral la Generalitat actúe y se atreva a rectificar. Si todas las políticas públicas deben evaluarse, no hacerlo con esta, y mantenerse prisionera del prejuicio ideológico o de la bondad de una iniciativa solo porque el papel la soporta, sería imperdonable. Los datos de evolución del precio del alquiler y, sobre todo, del número de viviendas disponibles van a ir conociéndose en tiempo real. Así que, es de esperar, que la precipitación al menos pueda compensarse con la rectificación si se cumplen los peores augurios.
Y mientras tanto que se construya. Porque lo que se necesita de verdad no son paños calientes, sino un parque de vivienda pública de alquiler lo suficientemente dotado de unidades para equilibrar mínimamente la oferta y la demanda. Mientras tanto, todo lo demás no van a ser más que salvas. Claro que dar ese paso significa apostar por la política a largo plazo. Y no es que llevemos décadas parados, es que ni siquiera hemos empezado a cambiar de paradigma más allá de las palabras y los titulares cuando se acercan elecciones.
¿Largo plazo? ¿Acaso da votos el largo plazo? Pues eso.
La Generalitat anunció ayer la práctica intervención de todo el mercado de alquiler de Catalunya. Con el nuevo listado de municipios que la administración catalana añadirá a la lista de “zona tensionada”, el 90% de los ciudadanos de esta comunidad vivirán ya en un término municipal en el que habrá dejado de regir el libre mercado en las relaciones contractuales entre propietarios e inquilinos.
Que ERC, junto a Podemos, fuese el partido que más apretó para que se aprobase la ley de vivienda durante la pasada legislatura, junto a la inminencia de las elecciones catalanas, explica la prisa por ampliar el experimento en el mercado de alquiler por parte de Pere Aragonés. Si en la primera tongada fueron 140 municipios los declarados “zona tensionada”, entre ellas las áreas urbanas de mayor población, el anuncio de ayer afecta ahora a 131 nuevos términos municipales, muchos de ellos destinos turísticos de la comunidad catalana.
Al mismo tiempo que en un ambiente de precampaña el Gobierno de Pere Aragonés sacaba pecho de su apuesta redoblada, se hacían públicos también los primeros datos sobre el impacto de la medida tras un mes en vigor en los primeros 140 municipios con el alquiler intervenido.
Llegaban simultáneamente al anuncio gubernamental de la mano del portal inmobiliario Idealista. Y confirmaban los peores augurios. El efecto de la medida, de momento, es el contrario que formalmente se pretendía.
Ahí es nada: con la entrada en vigor del control de precios, el 'stock' de alquileres permanentes se ha derrumbado en las cuatro capitales catalanas (Barcelona -14%, Girona -21%, Tarragona -16%, Lleida -9%). Por provincias el colapso es también significativo (Barcelona -14%, Tarragona -10%, Girona -7%, Lleida -5%). En el conjunto de la comunidad autónoma, la caída de la oferta de viviendas en alquiler permanente es del 13%. No solo eso. A la caída de las unidades en alquiler habría que sumar, según los mismos datos, que tampoco se ha conseguido frenar el incremento de precios. La escalada desde la intervención del mercado es del 4,3% en el conjunto de Catalunya (Girona +6,4%, Barcelona +4,6%. Por el contrario, en Lleida y Tarragona sí bajaron los precios, un -2,8% y un -1% respectivamente).
Hay que señalar que el informe de Idealista merece dos salvedades. Una la explicitaba la propia empresa al presentar sus datos, alertando de que excepcionalmente ha utilizado en esta ocasión métricas semanales específicas en lugar de sus habituales metodologías trimestrales. Así que la compañía sitúa los datos presentados en el terreno de la provisionalidad, que debe confirmarse con su metodología habitual de carácter trimestral durante todo el ejercicio. La otra salvedad la añadimos nosotros y es que no estamos ante datos oficiales sino ante los que acumula y analiza un actor privado que, lícitamente, tiene sus propios intereses.
Aun así, su cuota de mercado es lo suficientemente importante para que las cifras que ha aportado sean tenidas en cuenta para una primera valoración y el señalamiento de una tendencia.
Y lo que dice esta primera toma del pulso del mercado tras la intervención de precios es que los propietarios no están por la labor de hacer demasiado caso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que la semana pasada les pedía explícitamente ayuda en una intervención con cierta intensidad dramática escenificada con un “os necesitamos”.
A tenor de lo visto en Catalunya, la petición de auxilio del Gobierno no tiene efecto alguno en el alquiler permanente. Más bien todo lo contrario. Vamos camino de confirmar nuevamente que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, sobre todo en políticas públicas. De momento, lo que sí se ha acelerado es la fuga de inmuebles hacia el alquiler de temporada. En Barcelona supone ya el 30% del parque total. Y subiendo.
La ampliación del listado de municipios con el alquiler intervenido por parte de la Generalitat es una medida precipitada y responde a criterios únicamente electoralistas.
Eso no quiere decir que el problema no existe. Existe, vaya si existe. Y no afecta únicamente a los lugares con alta densidad de población.
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Pero, aun obviando lo sucedido en otros lugares, la Generalitat hubiera podido aguardar igualmente la evolución y los efectos de la intervención del mercado practicada en los primeros 140 municipios para, con datos fiables y oficiales en la mano sobre la bondad o no de la medida, ampliarla o rectificarla pasado un tiempo.
En lugar de eso, Aragonès ha optado por el electoralismo ramplón: ¡hay que dar titulares, que estamos en campaña!
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Y mientras tanto que se construya. Porque lo que se necesita de verdad no son paños calientes, sino un parque de vivienda pública de alquiler lo suficientemente dotado de unidades para equilibrar mínimamente la oferta y la demanda. Mientras tanto, todo lo demás no van a ser más que salvas. Claro que dar ese paso significa apostar por la política a largo plazo. Y no es que llevemos décadas parados, es que ni siquiera hemos empezado a cambiar de paradigma más allá de las palabras y los titulares cuando se acercan elecciones.
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