El único paralelismo que existe entre el fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso y las enigmáticas reuniones de la mujer de Pedro Sánchez con los directivos de Air Europa es la torpeza de sus moradores. Torpeza como arma defensiva de la soberbia. En el primer caso, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid la que ha convertido en un caso político un asunto meramente personal; en el segundo caso, ha sido el presidente del Gobierno español quien ha transformado en sospechas lo que solo eran preguntas. Y, como queda dicho, es la reacción de pura soberbia de ambos lo que acaba amplificando aquello que quieren evitar, ocultar o soslayar.

No han aprendido de Sun Tzu, cuyas lecciones sobre el arte de la guerra siguen vigentes en política dos mil quinientos años después, que el ímpetu desbordado de la soberbia los vuelve ciegos y torpes. Y Sun Tzu lo advirtió: “Un gobierno no debe movilizar un ejército por ira y los jefes militares no deben provocar la guerra por cólera”. Si damos por bueno el consejo, la frase nos sirve, además, para que nos hagamos una idea de la bilis acumulada en el entorno de Pedro Sánchez, por la movilización inmediata de todos sus generales y también de sus aliados mediáticos. En el caso de Díaz Ayuso, la ofensiva está limitada a la afectada y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que se presta siempre a ese papel de guardián taimado y robusto, como un personaje de Juego de tronos. Ni el Partido Popular ni los medios de comunicación que más aplauden a la presidenta de Madrid la han secundado en la defensa y exculpación de su pareja.

De cualquier forma, el paralelismo se acaba ahí: fue Díaz Ayuso la que le otorgó un carácter de escándalo político al presunto fraude fiscal de su novio cuando afirmó que se trataba de una conspiración contra ella “de todos los poderes del Estado”, porque era Hacienda la que le debía dinero a Alberto González Amador, que es como se llama el hombre. Falso, grotesco e inexplicable. Pero es lo que dijo en defensa de su chorbo, como diría Paco Umbral en castizo madrileño.

Lo de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, es, objetivamente, una cuestión radicalmente distinta porque ahí sí que interviene el dinero público, mucho dinero público. Así que vayamos al origen mismo de todo, que nos permitirá ver mucho más claro lo que sucede. Todo comienza a partir de la detención de un antiguo asesor del Ministerio de Fomento, el ahora famoso Koldo García, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. El 21 de febrero pasado es cuando estalla ese escándalo porque el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ordena la detención de veinte personas por esa trama. Cuando se comienzan a conocer los nombres de los implicados, además del citado Koldo, aparece el del empresario Víctor de Aldama, el comisionista que, supuestamente, consigue durante la pandemia los contratos públicos de mascarillas gracias a la influencia del asesor socialista.

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De la misma forma que Koldo era un desconocido para todo el mundo, el nombre de Víctor de Aldama, sin embargo, se ramifica en otras direcciones. Es normal porque el primero trabajaba como asesor del ministro de Fomento, mientras que el segundo ofrecía sus servicios de mediación a otras empresas, entre ellas el primer grupo turístico de España, Globalia, cuya compañía aérea es Air Europa. El 4 de marzo pasado es cuando El Confidencial publica la siguiente noticia: “Begoña Gómez se reunió en secreto con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en plena negociación para el rescate de la compañía, por el que acabaría consiguiendo 475 millones de euros”, del Gobierno de Pedro Sánchez. Destaca en esa noticia que uno de los asistentes a esas reuniones es, precisamente, Víctor de Aldama. Es decir, hacía tan solo trece días que conocíamos que este empresario había sido detenido por una supuesta trama de tráfico de influencias en el Gobierno de Pedro Sánchez y, a continuación, nos enteramos de que la propia esposa del presidente acudía a reuniones a las que él asistía.

Es más que evidente que, además del interés periodístico de esa noticia, lo que se imponía -y se impone- es una explicación de la propia Begoña Gómez. ¿En condición de qué y con qué objetivo se reunió con el director de Globalia y con el comisionista del caso Koldo? Aquí no se dan respuestas por formuladas, ni se aventura ninguna hipótesis, pero es una exigencia democrática que sepamos qué pasó en esas reuniones. ¿Una relación de amistad? ¿Propuestas de negocios para el futuro? ¿Inversiones de Globalia en la Fundación Africa Center, que dirigía Begoña Gómez?

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En vez de dar respuestas concretas a preguntas simples, sin atender los consejos de Sun Tzu, lo que hizo Pedro Sánchez fue descargar su ira, su soberbia, y mandar a todos sus generales, y a los aliados mediáticos, a una guerra sucia, desaforada. Atención a las fechas. El 12 de marzo, nueve días después de la publicación de El Confidencial, se filtra que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo investigado por un supuesto fraude a Hacienda de 350.951 euros. Es curioso porque fue el 23 de enero cuando la Fiscalía de Madrid decidió abrir diligencias de investigación penal por la denuncia de Hacienda, que se remonta a dos años antes. Las diligencias se concluyeron el 7 de febrero, quince días antes de que se produjeran las detenciones del caso Koldo. Pero la noticia trascendió cuando trascendió

Es evidente que esas filtraciones, por el contenido de lo publicado, proceden de la Agencia Tributaria, del Ministerio de Hacienda o de la Fiscalía; en todo caso, parece claro que son filtraciones impulsadas o alentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y de lo que nadie duda, como afirma la Asociación de Inspectores de Hacienda, es que se ha incurrido en un “caso gravísimo” de filtración de datos fiscales.

Un día después de aparecer la noticia del novio de Ayuso, curiosamente el día de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, miércoles 13 de marzo, el presidente Pedro Sánchez estableció una pauta de respuestas para que todos los suyos la repitieran en cada comparecencia, sobre todo si les preguntaban por las reuniones de su mujer, Begoña Gómez, con Globalia. Así le contestó Sánchez a Feijóo, presidente del PP: “Yo, lo que le exijo es que pida la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Tenga coraje, sea valiente, exija la dimisión aunque le cueste el puesto como al señor Casado”. Unos días más tarde, el 22 de marzo, desde Bruselas, le añadió algunos elementos más, empezó a llamarlo “caso Ayuso” y lo incluyó en los escándalos de “corrupción política”, sin que, como se decía antes, tenga nada que ver con el dinero público.

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En todo caso, los replicantes socialistas han acatado la orden y, día tras día, los generales repiten ese mismo argumento. Cada uno de ellos, para hacer méritos, intenta añadirle algo de su ingenio. Como el ministro jabalí, Óscar Puente, que ayer, en el programa de Carlos Alsina, denominó lo de Begoña Gómez como “un disparate cósmico”. Lo dice porque, como indica la ‘respuesta tipo’, lo único importante es lo de Díaz Ayuso, pero se acepta el concepto. La gestión de la crisis de Begoña Gómez por parte del Gobierno es un disparate cósmico. Sí señor. Ha convertido en sospechas lo que solo eran preguntas.

El único paralelismo que existe entre el fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso y las enigmáticas reuniones de la mujer de Pedro Sánchez con los directivos de Air Europa es la torpeza de sus moradores. Torpeza como arma defensiva de la soberbia. En el primer caso, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid la que ha convertido en un caso político un asunto meramente personal; en el segundo caso, ha sido el presidente del Gobierno español quien ha transformado en sospechas lo que solo eran preguntas. Y, como queda dicho, es la reacción de pura soberbia de ambos lo que acaba amplificando aquello que quieren evitar, ocultar o soslayar.

No han aprendido de Sun Tzu, cuyas lecciones sobre el arte de la guerra siguen vigentes en política dos mil quinientos años después, que el ímpetu desbordado de la soberbia los vuelve ciegos y torpes. Y Sun Tzu lo advirtió: “Un gobierno no debe movilizar un ejército por ira y los jefes militares no deben provocar la guerra por cólera”. Si damos por bueno el consejo, la frase nos sirve, además, para que nos hagamos una idea de la bilis acumulada en el entorno de Pedro Sánchez, por la movilización inmediata de todos sus generales y también de sus aliados mediáticos. En el caso de Díaz Ayuso, la ofensiva está limitada a la afectada y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que se presta siempre a ese papel de guardián taimado y robusto, como un personaje de Juego de tronos. Ni el Partido Popular ni los medios de comunicación que más aplauden a la presidenta de Madrid la han secundado en la defensa y exculpación de su pareja.

De cualquier forma, el paralelismo se acaba ahí: fue Díaz Ayuso la que le otorgó un carácter de escándalo político al presunto fraude fiscal de su novio cuando afirmó que se trataba de una conspiración contra ella “de todos los poderes del Estado”, porque era Hacienda la que le debía dinero a Alberto González Amador, que es como se llama el hombre. Falso, grotesco e inexplicable. Pero es lo que dijo en defensa de su chorbo, como diría Paco Umbral en castizo madrileño.

Lo de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, es, objetivamente, una cuestión radicalmente distinta porque ahí sí que interviene el dinero público, mucho dinero público. Así que vayamos al origen mismo de todo, que nos permitirá ver mucho más claro lo que sucede. Todo comienza a partir de la detención de un antiguo asesor del Ministerio de Fomento, el ahora famoso Koldo García, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. El 21 de febrero pasado es cuando estalla ese escándalo porque el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ordena la detención de veinte personas por esa trama. Cuando se comienzan a conocer los nombres de los implicados, además del citado Koldo, aparece el del empresario Víctor de Aldama, el comisionista que, supuestamente, consigue durante la pandemia los contratos públicos de mascarillas gracias a la influencia del asesor socialista.

De la misma forma que Koldo era un desconocido para todo el mundo, el nombre de Víctor de Aldama, sin embargo, se ramifica en otras direcciones. Es normal porque el primero trabajaba como asesor del ministro de Fomento, mientras que el segundo ofrecía sus servicios de mediación a otras empresas, entre ellas el primer grupo turístico de España, Globalia, cuya compañía aérea es Air Europa. El 4 de marzo pasado es cuando El Confidencial publica la siguiente noticia: “Begoña Gómez se reunió en secreto con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en plena negociación para el rescate de la compañía, por el que acabaría consiguiendo 475 millones de euros”, del Gobierno de Pedro Sánchez. Destaca en esa noticia que uno de los asistentes a esas reuniones es, precisamente, Víctor de Aldama. Es decir, hacía tan solo trece días que conocíamos que este empresario había sido detenido por una supuesta trama de tráfico de influencias en el Gobierno de Pedro Sánchez y, a continuación, nos enteramos de que la propia esposa del presidente acudía a reuniones a las que él asistía.

Es más que evidente que, además del interés periodístico de esa noticia, lo que se imponía -y se impone- es una explicación de la propia Begoña Gómez. ¿En condición de qué y con qué objetivo se reunió con el director de Globalia y con el comisionista del caso Koldo? Aquí no se dan respuestas por formuladas, ni se aventura ninguna hipótesis, pero es una exigencia democrática que sepamos qué pasó en esas reuniones. ¿Una relación de amistad? ¿Propuestas de negocios para el futuro? ¿Inversiones de Globalia en la Fundación Africa Center, que dirigía Begoña Gómez?

En vez de dar respuestas concretas a preguntas simples, sin atender los consejos de Sun Tzu, lo que hizo Pedro Sánchez fue descargar su ira, su soberbia, y mandar a todos sus generales, y a los aliados mediáticos, a una guerra sucia, desaforada. Atención a las fechas. El 12 de marzo, nueve días después de la publicación de El Confidencial, se filtra que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo investigado por un supuesto fraude a Hacienda de 350.951 euros. Es curioso porque fue el 23 de enero cuando la Fiscalía de Madrid decidió abrir diligencias de investigación penal por la denuncia de Hacienda, que se remonta a dos años antes. Las diligencias se concluyeron el 7 de febrero, quince días antes de que se produjeran las detenciones del caso Koldo. Pero la noticia trascendió cuando trascendió

Es evidente que esas filtraciones, por el contenido de lo publicado, proceden de la Agencia Tributaria, del Ministerio de Hacienda o de la Fiscalía; en todo caso, parece claro que son filtraciones impulsadas o alentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y de lo que nadie duda, como afirma la Asociación de Inspectores de Hacienda, es que se ha incurrido en un “caso gravísimo” de filtración de datos fiscales.

Un día después de aparecer la noticia del novio de Ayuso, curiosamente el día de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, miércoles 13 de marzo, el presidente Pedro Sánchez estableció una pauta de respuestas para que todos los suyos la repitieran en cada comparecencia, sobre todo si les preguntaban por las reuniones de su mujer, Begoña Gómez, con Globalia. Así le contestó Sánchez a Feijóo, presidente del PP: “Yo, lo que le exijo es que pida la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Tenga coraje, sea valiente, exija la dimisión aunque le cueste el puesto como al señor Casado”. Unos días más tarde, el 22 de marzo, desde Bruselas, le añadió algunos elementos más, empezó a llamarlo “caso Ayuso” y lo incluyó en los escándalos de “corrupción política”, sin que, como se decía antes, tenga nada que ver con el dinero público.

En todo caso, los replicantes socialistas han acatado la orden y, día tras día, los generales repiten ese mismo argumento. Cada uno de ellos, para hacer méritos, intenta añadirle algo de su ingenio. Como el ministro jabalí, Óscar Puente, que ayer, en el programa de Carlos Alsina, denominó lo de Begoña Gómez como “un disparate cósmico”. Lo dice porque, como indica la ‘respuesta tipo’, lo único importante es lo de Díaz Ayuso, pero se acepta el concepto. La gestión de la crisis de Begoña Gómez por parte del Gobierno es un disparate cósmico. Sí señor. Ha convertido en sospechas lo que solo eran preguntas.

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El disparate cósmico de la mujer de Sánchez

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02.04.2024

El único paralelismo que existe entre el fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso y las enigmáticas reuniones de la mujer de Pedro Sánchez con los directivos de Air Europa es la torpeza de sus moradores. Torpeza como arma defensiva de la soberbia. En el primer caso, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid la que ha convertido en un caso político un asunto meramente personal; en el segundo caso, ha sido el presidente del Gobierno español quien ha transformado en sospechas lo que solo eran preguntas. Y, como queda dicho, es la reacción de pura soberbia de ambos lo que acaba amplificando aquello que quieren evitar, ocultar o soslayar.

No han aprendido de Sun Tzu, cuyas lecciones sobre el arte de la guerra siguen vigentes en política dos mil quinientos años después, que el ímpetu desbordado de la soberbia los vuelve ciegos y torpes. Y Sun Tzu lo advirtió: “Un gobierno no debe movilizar un ejército por ira y los jefes militares no deben provocar la guerra por cólera”. Si damos por bueno el consejo, la frase nos sirve, además, para que nos hagamos una idea de la bilis acumulada en el entorno de Pedro Sánchez, por la movilización inmediata de todos sus generales y también de sus aliados mediáticos. En el caso de Díaz Ayuso, la ofensiva está limitada a la afectada y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que se presta siempre a ese papel de guardián taimado y robusto, como un personaje de Juego de tronos. Ni el Partido Popular ni los medios de comunicación que más aplauden a la presidenta de Madrid la han secundado en la defensa y exculpación de su pareja.

De cualquier forma, el paralelismo se acaba ahí: fue Díaz Ayuso la que le otorgó un carácter de escándalo político al presunto fraude fiscal de su novio cuando afirmó que se trataba de una conspiración contra ella “de todos los poderes del Estado”, porque era Hacienda la que le debía dinero a Alberto González Amador, que es como se llama el hombre. Falso, grotesco e inexplicable. Pero es lo que dijo en defensa de su chorbo, como diría Paco Umbral en castizo madrileño.

Lo de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, es, objetivamente, una cuestión radicalmente distinta porque ahí sí que interviene el dinero público, mucho dinero público. Así que vayamos al origen mismo de todo, que nos permitirá ver mucho más claro lo que sucede. Todo comienza a partir de la detención de un antiguo asesor del Ministerio de Fomento, el ahora famoso Koldo García, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de delitos de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. El 21 de febrero pasado es cuando estalla ese escándalo porque el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ordena la detención de veinte personas por esa trama. Cuando se comienzan a conocer los nombres de los implicados, además del citado Koldo, aparece el del empresario Víctor de Aldama, el comisionista que, supuestamente, consigue durante la pandemia los contratos públicos de mascarillas gracias a la influencia del asesor socialista.

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