Un eslogan para cada problema, no una solución. Cuando un gobierno tan débil como el que preside Pedro Sánchez no tiene capacidad para gobernar, todo se reduce a encontrar un eslogan que haga parecer que se abordan los problemas y se solucionan. No es verdad, como puede comprobarse con la última campaña de la golden visa que se presenta como una medida que protege a los inmigrantes con menos recursos, frente a aquellos que tienen un gran poder adquisitivo.
De ahí el discurso del presidente Sánchez, el otro día en la localidad sevillana de Dos Hermanas, su cuna de líder en el PSOE: "Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo".
Conviene insistir en lo del eslogan porque si la medida que se va a derogar no se denominara de esa forma coloquialmente, golden visa, este Gobierno no tendría interés alguno en suprimirla. Podemos estar seguros de eso: lo relevante es suprimir un término, una expresión, por lo que transmite, no por lo que suponga. Por esa razón, lo que se anula es la concesión del permiso de residencia a aquellos extranjeros que inviertan en una vivienda de más de medio millón de euros, que es la golden visa, pero no se tocan las otras medidas contempladas en la misma ley, como la visa a cambio de inversiones millonarias en activos financieros o en proyectos empresariales.
Lo fundamental es el eslogan, porque es el que transmite el mensaje subliminal de que este Gobierno está interesado, y preocupado, por los problemas de ilegalidad de cientos de miles de inmigrantes que llevan varios años aquí, con trabajos en varios sectores, aunque no tengan legalizada su residencia en el país.
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Ese es el objetivo, precisamente, de la iniciativa legislativa que, también estos días, ha salido adelante en el Congreso para su toma en consideración, presentada por la plataforma Regularización Ya. Se trata de eso, que quien ya tiene un puesto de trabajo en España no tenga que seguir ocultándose como inmigrante ilegal. Con independencia de cómo hayan entrado en nuestro país esos inmigrantes ilegales, el trabajo que desempeñan demuestra que son personas necesarias para el progreso de todos.
Por esa lógica, la iniciativa legislativa la han respaldado con sus firmas más de 600.000 personas y casi mil organizaciones e instituciones, desde muchos ayuntamientos hasta la Conferencia Episcopal y Cáritas, pasando por numerosas ONG y hasta asociaciones de prostitutas. Resulta muy interesante comparar, a raíz de esa iniciativa, la realidad social y el debate parlamentario para ver las diferencias que existen. Y no solo por el tiempo que esa ley lleva esperando que el Congreso aceptara, al menos, su toma en consideración.
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También en esos días, aunque apenas haya trascendido, los ciudadanos de cinco localidades del entorno de Granada se han manifestado en protesta por la imposición de un Centro Temporal de Inmigrantes. Los detalles son llamativos y otro ejemplo perfecto de cómo actúa este Gobierno ante el problema de la inmigración ilegal, cuando se le despoja de eslóganes.
La protesta en estos pueblos andaluces (Alhendín, Armilla, Ogíjares, Churriana de la Vega y Las Gabias) comienza en los ayuntamientos, no entre los vecinos, cuando, de forma sorpresiva, les anuncian que se van a iniciar unas obras para la construcción de un centro de inmigrantes. Hay cuatro alcaldes del PP en los gobiernos locales de esos pueblos y uno del PSOE, además de concejales de Vox y de Izquierda Unida. Todos ellos han secundado la protesta contra el Gobierno de Sánchez por imponerles un Centro de Inmigrantes, sin ni siquiera comunicárselo previamente.
¿Acaso se han vuelto todos unos racistas, repentinamente? Ni ellos ni los vecinos que secundan las protestas, por eso en sus pancartas llevan el lema "No al campamento, no al hacinamiento". Lo que sostienen concejales y vecinos es que no se puede construir un centro de acogida de inmigrantes como si fuera un contenedor de mercancías, sin la planificación necesaria de los servicios de todo tipo que se necesitan, desde infraestructuras hasta recursos médicos o policiales. Y sin que nadie les diga a cuántos internos acogerá ni en qué condiciones.
Ocurre exactamente igual cuando llega una oleada de pateras a las Canarias, o a la costa andaluza, y el Gobierno, sin comunicar nada, sin diálogo alguno, reparte los inmigrantes por determinadas provincias de España, sin explicar jamás con qué criterio, ni qué contrapartidas. Si Europa, impulsada por Pedro Sánchez, se ha aprobado un modelo de inmigración que conlleva que quien no acoge inmigrantes, debe pagar por ello, en España debe suceder exactamente igual. Desde los barrios marginales que soportan mayor inmigración hasta las comunidades que están en la frontera, pasando por los pueblos y ciudades con centros de acogida.
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Lo que no se puede hacer es trasladar la presión de la inmigración a un sector concreto de la población, normalmente a barrios desfavorecidos o pueblos pequeños y modestos, y, luego, llamarlos racistas cuando protestan por los problemas que se ocasionan ante la falta de recursos. Esa es la política salón que se practica, envuelta en un discurso progresista de preocupación por la inmigración. Este domingo, volverán a manifestarse los vecinos de estos cinco pueblos de Granada.
Los caminos que conducen al racismo son dos, en apariencia opuestos, antitéticos, pero las consecuencias sociales son idénticas. El populismo de extrema derecha es el que, de forma más evidente, más grosera, fomenta el racismo cuando concluye todos los debates con la amenaza del extranjero. Frente a esa ideología, de bilis tribales, está esa otra que se lava la conciencia en el discurso y aparta la mirada ante los problemas. Quien tenga la tentación de situarla por encima, porque encuentre alguna disculpa en el buenismo, que piense que está participando de la misma lacra racista. La inmigración forma parte de las obligaciones que tenemos como seres humanos, sin que ello suponga en ningún momento un canto a la apertura de fronteras. Y conviene saber que se puede ser progresista y acabar fomentando el racismo.
Un eslogan para cada problema, no una solución. Cuando un gobierno tan débil como el que preside Pedro Sánchez no tiene capacidad para gobernar, todo se reduce a encontrar un eslogan que haga parecer que se abordan los problemas y se solucionan. No es verdad, como puede comprobarse con la última campaña de la golden visa que se presenta como una medida que protege a los inmigrantes con menos recursos, frente a aquellos que tienen un gran poder adquisitivo.
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Conviene insistir en lo del eslogan porque si la medida que se va a derogar no se denominara de esa forma coloquialmente, golden visa, este Gobierno no tendría interés alguno en suprimirla. Podemos estar seguros de eso: lo relevante es suprimir un término, una expresión, por lo que transmite, no por lo que suponga. Por esa razón, lo que se anula es la concesión del permiso de residencia a aquellos extranjeros que inviertan en una vivienda de más de medio millón de euros, que es la golden visa, pero no se tocan las otras medidas contempladas en la misma ley, como la visa a cambio de inversiones millonarias en activos financieros o en proyectos empresariales.
Lo fundamental es el eslogan, porque es el que transmite el mensaje subliminal de que este Gobierno está interesado, y preocupado, por los problemas de ilegalidad de cientos de miles de inmigrantes que llevan varios años aquí, con trabajos en varios sectores, aunque no tengan legalizada su residencia en el país.
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Por esa lógica, la iniciativa legislativa la han respaldado con sus firmas más de 600.000 personas y casi mil organizaciones e instituciones, desde muchos ayuntamientos hasta la Conferencia Episcopal y Cáritas, pasando por numerosas ONG y hasta asociaciones de prostitutas. Resulta muy interesante comparar, a raíz de esa iniciativa, la realidad social y el debate parlamentario para ver las diferencias que existen. Y no solo por el tiempo que esa ley lleva esperando que el Congreso aceptara, al menos, su toma en consideración.
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La protesta en estos pueblos andaluces (Alhendín, Armilla, Ogíjares, Churriana de la Vega y Las Gabias) comienza en los ayuntamientos, no entre los vecinos, cuando, de forma sorpresiva, les anuncian que se van a iniciar unas obras para la construcción de un centro de inmigrantes. Hay cuatro alcaldes del PP en los gobiernos locales de esos pueblos y uno del PSOE, además de concejales de Vox y de Izquierda Unida. Todos ellos han secundado la protesta contra el Gobierno de Sánchez por imponerles un Centro de Inmigrantes, sin ni siquiera comunicárselo previamente.
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