Así como la amnistía era una medida anticonstitucional para todos los dirigentes socialistas hasta el domingo 23 de julio de 2023, en que se celebraron las últimas elecciones generales, y a partir de entonces se convirtió en una figura sobresaliente, que servirá de referencia para todas las democracias del mundo mundial, con la prórroga presupuestaria ocurre otro tanto: era muy dañina para los españoles hasta que Pere Aragonès disolvió el Parlamento catalán y Pedro Sánchez renunció a presentar el proyecto de presupuestos, convirtiéndose, desde entonces, en una medida neutra, carente de importancia.

Desde que empezó a gobernar Pedro Sánchez, en la primavera de 2018, cada vez que se acercaba el debate parlamentario sobre los proyectos de presupuestos del Ejecutivo, el presidente y sus ministros empezaban a decir que el rechazo del proyecto y la consiguiente prórroga de las cuentas sería una calamidad para el país, culpando de los futuros males a una oposición que no estaba dispuesta a aprobar su proyecto. Por más que insistiera en esa tesis, Pedro Sánchez se quedó en minoría a finales de 2018 y tuvimos elecciones anticipadas en abril de 2019. En la actualidad, el borrador desechado de los presupuestos tenía una doble virtud: canalizar los fondos europeos (el dinero llegado de fuera necesita insertarse en la ley de presupuestos) y cerrar las fisuras políticas creadas con la Ley de Amnistía. La aprobación de los presupuestos iba a significar borrón y cuenta nueva, dejando atrás los desdichados primeros meses de la legislatura. La sorpresa del adelanto electoral en Cataluña propició el cambio de planes. Ante el carajal de la campaña electoral, Sánchez prefirió frenar el tren para no arriesgarse a ver devueltas las cuentas y por eso optó por la prórroga. A continuación: todos los dirigentes socialistas empezaron a decir que el proyecto de presupuestos para 2024 no tenía sentido. El Principado, fiel seguidor del argumentario del aparato del partido, minimizó los efectos de la prórroga, dando a entender que no se perderían recursos para Asturias porque ya están asegurados. Sin embargo, cuando se trata de los presupuestos del Principado, la simple posibilidad de no ser aprobados se presenta como un grave perjuicio que causa la derecha a los asturianos.

Con vascos y catalanes en campaña electoral –y la posterior negociación de las investiduras–, estoy convencido de que la prórroga se convertirá en tiempo muerto para Asturias y otras periferias.