En una comparecencia parlamentaria sobre la fuga de adolescentes de los centros de menores, la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, afirmó que se trataba de conductas típicas en menores con «padres que no son competentes». Un comportamiento reiterado es muy probable que sea típico, como dice la consejera, pero achacar la respuesta de los adolescentes a la incompetencia de los padres es, por un lado, muy cómodo porque la institución tutelante queda exenta de responsabilidad, y, por otro, excesivamente genérico. ¿Cómo se hace la divisoria entre padres competentes e incompetentes? ¿Son todos los adolescentes igual de receptivos ante los mensajes de los padres, de tal forma que podamos cargar sobre ellos toda la responsabilidad de las conductas de sus hijos? Es evidente que no. Para concretar cuándo un padre o una madre son incompetentes, la consejera tira de uno de los mantras más utilizado por todo tipo de educadores: «no han sido capaces de establecer límites». Es cierto, a un chaval hay que enseñarle las reglas que hay que respetar, como los horarios de la familia, pero la cuestión de los límites se desdibuja cuando nos encontramos con un menor que tiene por norma infringir todas las normas. Ahí se acaban los dictados del manual de educación para padres, que no deja de ser un manual de subsistencia ante cuadros familiares invivibles. Borrados los límites, se vuelve al recurso más antiguo del mundo que es el castigo, que en la relación entre padres e hijos tiene muchas veces efectos indeseables, como la pérdida de autoestima de los menores o ser el germen de personalidades inseguras.

La consejera, como suele ocurrir en estos casos, no quiso mojarse y dijo que no responsabiliza a las familias de «falta de amor o cariño, sino de falta de competencias». Seamos sinceros: claro que hay padres y madres que no dieron suficiente afecto a sus hijos. En una comunidad autónoma pequeña, como Asturias, seguro que hay miles de casos. Es más, en los centros de menores hay muchos jóvenes residiendo que fueron alejados de las familias por la Administración, al ver el grado de desatención y maltrato que sufrían.

Para que la fuga no sea una solución para los adolescentes es preciso que los centros de menores sean más amigables para ellos y puedan entrever un futuro mejor el día que abandonen la institución. Para eso hacen falta más recursos que no estamos dispuestos a financiar porque los menores tutelados por el Principado no son una prioridad para los políticos y la sociedad.