“El próximo año va a ser el año del relanzamiento de la economía”, ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Son buenos deseos y, seguramente, buenas intenciones. Lamentablemente, la economía no se mueve ni por lo uno ni por lo otro.
El Gobierno cree que la economía va a mejorar porque pasará de una tasa negativa de evolución del producto bruto interno (PBI) a una tasa positiva. El optimismo se basa en algunas inversiones. El puerto de Chancay, la ampliación del aeropuerto, la minería del litio son algunas áreas donde habrá impacto en el empleo y la producción.
Tiene razón el Gobierno en ver con expectativa estos proyectos. Le falta agregar, sin embargo, un componente decisivo para el desarrollo económico: el político.
El litio está en Puno. ¿No habrá toma de carreteras, protesta y reclamos violentos? Y si los hubiera, ¿sabe el Gobierno cómo enfrentar la situación?
No se ha hecho justicia con los deudos de las víctimas mortales de las protestas y los hechos violentos. Tampoco han enfrentado la justicia los responsables de la destrucción de locales públicos y privados.
La convulsión de principios de año no solo interrumpió la producción del país. Ahuyentó la inversión y el turismo. Petardeó la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana. A eso se sumaron los eventos climáticos que, en consonancia con la violencia, atentaron contra la producción. Cuando aumenta la producción, crecemos; cuando disminuye, caemos.
Para producir no solo se necesitan insumos. Se requieren ideas y esfuerzo; pero también, y sobre todo, seguridad de que nuestros esfuerzos y nuestras ideas nos darán una recompensa.
Mientras no comparezcan ante la justicia los enemigos de la producción, nada estará seguro. Lo mismo sucede con la criminalidad. Desde el punto de vista económico, es más o menos lo mismo.
Los pequeños empresarios son asaltados, robados; la propiedad de un celular no es segura ni está protegida. Si no se resuelve el problema de la inseguridad ciudadana, no crecerá la producción de manera sostenida.
El Gobierno no tiene idea de cómo recuperar la seguridad de los derechos. Derechos de propiedad de un celular, hasta los de un fundo, una planta o un aeropuerto.
Los decretos legislativos aprobados sobre seguridad ciudadana revelan que el Gobierno no tiene mucha idea. Las facultades otorgadas a la Policía Nacional para iniciar investigaciones preliminares no resuelven el grave problema de inoperancia. En las comisarías de Lima, el documento de una denuncia puede demorar horas en hacerse. La cantidad de casos sobrepasa la capacidad y la capacitación de la PNP, del Ministerio Público y del Poder Judicial.
¿Sustentó el Gobierno un presupuesto para las reformas que se requiere en estas áreas? ¿Hay un esfuerzo por integrar las funciones de los operadores de justicia?
Lo mejor que puede hacer el Gobierno es no “relanzar” nada, sino asegurar lo que hacen las personas: trabajar, invertir, convertir sus ideas en negocios, grandes o pequeños, humildes o complejos.
Restablecer la justicia, asegurar los derechos de las personas y combatir todo lo que se oponga a ello. Estas son las únicas tareas de Gobierno que ayudarán a mejorar la economía. Todo lo demás es cuento.
No “relanzar” nada
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31.12.2023
“El próximo año va a ser el año del relanzamiento de la economía”, ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Son buenos deseos y, seguramente, buenas intenciones. Lamentablemente, la economía no se mueve ni por lo uno ni por lo otro.
El Gobierno cree que la economía va a mejorar porque pasará de una tasa negativa de evolución del producto bruto interno (PBI) a una tasa positiva. El optimismo se basa en algunas inversiones. El puerto de Chancay, la ampliación del aeropuerto, la minería del litio son algunas áreas donde habrá impacto en el empleo y la producción.
Tiene razón el Gobierno en ver con expectativa estos proyectos. Le falta agregar, sin embargo, un componente decisivo para el desarrollo económico: el político.
El litio está en Puno. ¿No habrá toma........
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