El artículo 130 de la Constitución Española establece que poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Un artículo que tampoco se ha puesto en práctica con medidas efectivas en las diferentes legislaturas desde el año 1978.
El problema además deriva de la ineficaz política agraria común de la Unión Europea, dado que el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea señala como objetivos de dicha política el incremento de la productividad agrícola, y de esta forma garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura, así como estabilizar los mercados. Sin embargo, las nuevas directrices de la política agraria común (2023-2027) han llenado a los agricultores de una serie de obligaciones formales, limitando además las formas de cultivo, con las obligaciones de rotación de cosechas, de superficies en barbecho, plazos de siembra y recolección, mientras que la renta agraria caía vertiginosamente por el incremento de los precios de los fertilizantes, combustibles, semillas, al mismo tiempo que se mantenían los precios de venta de los productos de los agricultores y ganaderos.
La brecha de la renta agrícola en España, tras medio siglo de Política Agraria Común (PAC), es un hecho evidente. A pesar de la espectacular mejora de la productividad agrícola en España durante ese período, no se ha logrado equiparar la renta de los agricultores españoles, dado que siguen percibiendo la mitad de los ingresos que el resto de sus conciudadanos. La renta agraria ha descendido además en un 15% desde el año 2003, es decir los agricultores ganan menos que hace 20 años.
En efecto, en términos constantes, la Renta Agraria se redujo un 10,19% entre los años 1990-2019. La Renta Agraria por Unidades de Trabajo Año (UTA) aumentó en dicho período un 35,20% y como consecuencia fundamentalmente, de que el número de UTA se redujeron un 33,57%, dado que pasaron de 1,29 millones en 1990 a 0,85 millones e 2019.
Por otra parte, debe señalarse la existencia una diferencia acusada entre los agregados económicos correspondientes al sector agrario y la renta de los agricultores, dado una parte de esos ingresos agregados no corresponde a los agricultores y ganaderos. Esa diferencia es significativa por la implantación de los sistemas de integración vertical ganadera, donde no cabe imputar a los granjeros el valor de mercado de la producción obtenida, sino tan solo el importe realmente percibido por los servicios ganaderos prestados a la industria alimentaria. Una integración vertical que alcanza su máxima expresión en Segovia en la producción porcina, y que supone cerca del 40% de la producción final agraria provincial.
Por lo que el desarrollo progresivo de los sistemas de integración hace necesario diferenciar entre las cifras macroeconómicas representativas de la actividad agraria y las rentas imputables a los agricultores y ganaderos, en especial a las explotaciones agrarias familiares. El desarrollo y expansión de los sistemas de integración y de producción bajo contrato pueden representar una amenaza para el modelo familiar agrario, cuando el modelo familiar aporta valores sociales, económicos y territoriales, por lo que los poderes públicos han de generar unas estructuras eficaces que faciliten el acceso a la tecnología, al conocimiento y a los mercados, en un contexto de un mundo globalizado, competitivo y exigente.
Magnitudes Agrarias 2023. Ministerio Agricultura.
Un difícil futuro para el modelo familiar, por lo que ha de determinarse con claridad entre la regla agraria global y la renta real de los agricultores, de cara a la planificación de las ayudas directas. Una ayudas que deben estar dirigidas a la mejora de las rentas de los agricultores profesionales, que garanticen el modelo familiar agrario, el rejuvenecimiento del medio rural, la equiparación de rentas y la lucha contra la despoblación.
La insuficiencia de esa renta es consecuencia de los bajos precios percibidos y una deficiente productividad, sin que la PAC haya compensado la reducida renta agraria, cuando esta PAC desde hace 25 años ha dejado de ser una política de precios y mercados para convertirse en una política de apoyo directo a las rentas.
La primera estimación de la Renta Agraria según las Cuentas Económicas de la Agricultura (CEA) en 2023 se ha situado en 31.931,3 millones de euros, con un incremento de 11,1% en términos corrientes (con un deflactor del Pib de 5,35). La producción agraria se ha incrementado en un 7,2% en 2023, un aumento debido fundamentalmente al incremento de los precios que aumentaron un 12,1% respecto al año 2022, con 2.083,4 millones de euros, dado que las cantidades producidas se redujeron en un –7,9%. La contribución de la ganadería aportó 11,4 puntos a la variación de la renta (+3.273,3 millones euros) en 2023, mientras que la producción vegetal ha descendido en 1.268,8 millones de euros, contribuyendo con –4,4 puntos a la baja de la renta, una caída motivada por el mal año hidrológico que afectó a todas las producciones de secano y que además no se ha compensado con una subida de precios.
Mientras que la producción de cereales bajó en un -34,7% en 2023. En este sentido mejor comportamiento han tenido las producciones vinculadas al regadío, de modo que el sector de la producción de cereales ha sido afectado por la sequía primaveral que, combinada con un descenso de los precios, ha ocasionado una caída del –50,2% en el valor de dicha producción en 2023, descendiendo en –3.088,2 millones de euros, con una aportación negativa de –10,7 puntos a la baja en la variación interanual de la renta 2023/2022. Por su parte, los subsectores que más han contribuido al incremento de la renta agraria ha sido el porcino, que aportó 5,6 puntos a la variación interanual de la renta, junto con las frutas que aportaron igualmente 5,6 puntos, las hortalizas con una aportación de 3,7 puntos y la leche con 3,2 puntos.
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Los consumos intermedios experimentaron un descenso cuantificado en 1.567,9 millones de euros, con una contribución de 5,5 puntos al alza en la variación de la renta agraria, gracias a la bajada en los precios de la energía y fertilizantes, aunque limitada, en relación con los fuertes incrementos registrados en el año 2022. Además, el volumen de trabajo de la agricultura expresado en UTAs (Unidades de Trabajo Año) disminuyó en un -5,0%, con la consecuencia enunciada de que la estimación de la Renta Agraria, en términos corrientes por UTA, resulta un 16,9% superior a la obtenida en 2022, lo cual no resulta real.
En cualquier caso, la producción de cereales en 2023 decreció en un 34,7%, ello se suma a un descenso de 23,7% en el precio de los cereales en el mismo año, y lo que pone de manifiesto la grave situación del sector del cereal. Un mal año 2023 solamente compensado por la disminución del 27,4% en el precio de los fertilizantes y en 31,9% la energía y, sin embargo, los piensos solamente bajaron en 1,3% para los ganaderos con el aumento del coste correspondiente.
Mientras que la producción ganadera determinó un descenso de las producciones: -9,7% ovino y caprino, – 7,2% en bovino y –3.6% en porcino, que se compensó con un aumento del +20,7% en el precio del porcino, + 8,3% en el bovino y +7,2% en ovino. El cómputo global del importe de las subvenciones al sector aumentó en un 4,8% con 7.154,9 millones de euros (867,7 millones en subvenciones a los productos y 6.287,2 millones de euros en otras subvenciones). Unas subvenciones que no consiguieron elevar la renta agraria de los agricultores y ganaderos.
Las últimas movilizaciones de agricultores y ganaderos son un signo significativo de la crisis del sector y de la pérdida de la renta del 7,9% en este último año por el aumento de los costes y el mantenimiento de los precios.
El modelo de agricultura familiar está en peligro en Segovia ante la escalada de aumento de costes (maquinaria, abonos, combustibles), las malas cosechas, la congelación de los precios de venta y la desigualdad regulatoria frente a los productores extracomunitarios.
Sobrevivir en el sector primario es un reto y cerca del 11% de las explotaciones agrícolas en España han desaparecido en los últimos 15 años. Mientras que la industria alimentaria y la distribución aumentan su margen de beneficios con el incremento de los precios y presionan a los pequeños productores. Los datos que constan en el Observatorio de Márgenes Empresariales corroboran el traslado de los costes al sector productor, mientras que las entidades del sector de la distribución siguen ampliando sus márgenes comerciales y su tamaño en los últimos años.
La evolución de la señalada Renta Agraria (el PIB de la agricultura) recoge un estancamiento de las producciones desde el año 2016, al propio tiempo que las estadísticas tributarias de la AEAT confirman la reducción del número de autónomos agrarios (840.000) en 2022, un 20% menos que hace diez años, al igual que los niveles de ingresos. La producción del sector primario de España respecto del VAB total del país ha descendido al 2,5% desde 3,2% en 2009 y representaba el 27% del total de los cuatro principales países de la Unión en 2016, hoy dicha cifra ha descendido al 21%. Por tanto, la agricultura y ganadería segovianas deben asumir el reto y procurar el aumento de la productividad y el tamaño de las explotaciones, al mismo tiempo que buscar fórmulas de colaboración para la transformación de las producciones y su puesta en el mercado. La defensa de los precios frente a la gran distribución, el aumento del valor añadido de las explotaciones, la reducción de los costes de producción, son otras medidas, junto con la combinación en una misma empresa familiar de la actividad agrícola y otra ganadera, ante las mejores perspectivas del sector ganadero. La unión y colaboración entre los titulares de las explotaciones resultan indispensables para el mantenimiento del sector primario provincial, combinadas con la generación de empresas dedicadas a la transformación de los productos y que retengan valor añadido en nuestros pueblos.
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