La rebaja de requisitos de la reforma del reglamento de extranjería que entró en vigor en agosto de 2022, tuvo su reflejo en las autorizaciones de trabajo a extranjeros del año pasado, que se situaron en máximos desde el ejercicio 2012 en Castilla y León. El avance de datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre esta materia revela que en Castilla y León se dio luz verde el pasado año a 6.524 autorizaciones de trabajo a foráneos, que representan un aumento del 12,3% respecto a los 5.431 de 2022. No obstante cabe aclarar que la cifra del ejercicio anterior es un avance y aumentará cuando se proporcionen los datos definitivos. Así, si se compara el avance de autorizaciones de 2023 con el dato provisional que se facilitó por las mismas fechas en 2022 (4.838), el aumento alcanzaría el 43,8%.
Las autorizaciones del año pasado representan el mayor número desde el año 2012, cuando se contabilizaron 5.784, pero están muy lejos de los previos al estallido de la crisis financiera e inmobiliaria de 2007, cuando llegaban a España casi 30.000 extranjeros a trabajar cada año (29.752 en 2005; 28.354 en 2006 o 28.290 en 2007). Entonces la recesión económica mundial obligó al Gobierno a proteger el empleo nacional y estableció limitaciones y permitió solo el acceso a profesiones que se encuentren dentro del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura que determina el Servicio de Público Empleo Estatal (SEPE), o en el caso de que el empleador acredite la dificultad de cubrir los puestos de trabajo vacantes con trabajadores ya incorporados en el mercado laboral interno.
DATOS
El informe del departamento que dirige Yolanda Díaz indica que las autorizaciones crecieron más en el conjunto nacional que en la Comunidad, un 15,6%, hasta las 229.659. Las autonomías donde más aumentaron fueron Asturias (1.837), un 64,2 por ciento; y Valencia (21.813), un 55,7%. En datos absolutos, el mayor número de autorizaciones a foráneos (en este grupo no entran los ciudadanos de la UE) se registró en la Comunidad de Madrid, 50.313, con un aumento del 21,3%; en Cataluña, con 46,698 y 1,7, y en Andalucía, 38.559y 9,4.
La mayor parte de las autorizaciones que se conceden están dirigidas a empleados domésticos y otros tipos de personal de limpieza, peones agrarios y forestales; trabajadores de los servicios de restauración y peones de la construcción, sectores con serias dificultades para encontrar mano de obra en España.
Si atendemos al género, los varones extranjeros acumularon un mayor número de autorizaciones de trabajo en Castilla y León el año pasado, cuando contaron con 3.416, lo que supone un aumento del 13,2 %; mientras que el colectivo femenino tuvo 3.108, con un avance del 11,4%.
Los varones extranjeros acumularon un mayor número de autorizaciones de trabajo que las mujeres.
En cuanto a la dependencia laboral de estos trabajadores, la inmensa mayoría logró autorización para trabajar por cuenta ajena, con un total de 5.884, que representa una subida en comparación al año 2022, del 8,3%. Por lo que se refiere al trabajo autónomo, por cuenta propia, de este colectivo, siguió siendo minoritario, con un centenar de autorizaciones, un 7,5% más que en 2022. A estas autorizaciones habría que sumar las no clasificadas por dependencia laboral para completar el número global.
PROVINCIAS
Por provincias, el análisis del ministerio indica que, en Castilla y León, solo se redujeron las autorizaciones de trabajo a extranjeros en Zamora (259), con una ligera merma del 1,7%, cinco menos que un año antes. Por el contrario, se elevaron de forma muy importante en la provincia de Ávila (400), un 29%, seguida por la de Salamanca (912), un 15,2; Burgos (1.159), un 14,8; León (886), un 14,5; Palencia (442), un 12,8 por ciento; y Valladolid (1.282), un 10,4, todas ellas con aumentos a dos dígitos.
Por su parte, la provincia de Segovia no es la excepción de la Comunidad en lo que al aumento de autorizaciones de trabajo a extranjeros se refiere, aunque sí se ha situado como la segunda con una menor subida. Concretamente, del 9,9% para un total de 598. Por debajo de ella solo se encuentra Soria, con porcentaje bastante menor del 4,3% (556 autorizaciones).
FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y
ECONOMÍA SOCIAL
LA REFORMA
Cabe recordar que la reforma del reglamento de extranjería se dirigió a facilitar la permanencia y el trabajo de los estudiantes extranjeros y actualizar las figuras de arraigo social y laboral, quizás los puntos más destacados de la modificación, así como la reagrupación familiar. Asimismo, se creó una nueva figura de arraigo para formación, inspirada en el modelo alemán, para los extranjeros que hayan permanecido en España dos años en situación irregular.
La reforma estableció que, para que un extranjero pudiera solicitar el arraigo social, le basta con haber vivido tres años en España (con padrón o pruebas alternativas), tener un contrato de trabajo firmado que garantice un salario mínimo y que sea de, por lo menos 30 horas semanales. También hay que tramitar un informe de arraigo favorable con los servicios sociales municipales o autonómicos y demostrar la ausencia de antecedentes penales en España y el país de origen. Eso sí, estos requisitos hacen alguna excepción en caso de tener menores a cargo o llevar más de cinco años en España.
En cuanto al arraigo laboral el Gobierno fue bastante más laxo. En este caso, solo era necesario llevar 2 años viviendo en el país y haber trabajado alguna v haber trabajado seis meses más de 30 horas a la semana o un año entre 15 y 29. Eso sí, la obligatoriedad de no tener antecedentes penales se mantuvo.
Por su parte, con la nueva reagrupación familiar se suavizaron las condiciones para que los extranjeros residentes en España pudieran traer a sus familias, mientras que el arraigo de formación permite conseguir un permiso de residencia legal válido por un período de 12 meses a aquellas personas migrantes que lleven 2 años en España y quieren obtener una formación para insertarse en el mercado de trabajo.
El Gobierno defendió que también impulsa la migración regular facilitando la entrada de emprendedores, favoreciendo la contratación en origen y dotando de más estabilidad a los procesos de migración circular. También introdujo mejoras en la gestión administrativa mediante la creación de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería.
Lo curioso es que las críticas a esta reforma llegaron por ambos lados. Y es que mientras unos acusaban al Gobierno de que esta solo era una manera de que los inmigrantes ilegales se hicieran con papeles de una forma demasiado sencilla y rápida, otros pedían una modificación aún más beneficiosa para los extranjeros.
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