La denuncia de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por vulneración de copyright de sus contenidos en canales de Telegram, ha llevado al juez Pedraz a ordenar el cierre de dicho programa de mensajería en España. Una medida que únicamente afecta a 18.000.000 de usuarios; muchos para algunos, quizá demasiados, pero en realidad, apenas una minucia de cifra comparada con el orgullo del poder judicial en España, expresado en incuantificables unidades de vergüenza ajena cada vez que la dignidad de sus órganos se filtra en los hogares a través de las pantallas.
En democracia, el derecho de 18 millones de personas a usar un programa de mensajería es obviamente desdeñable cuando choca con el interés económico de 3 grandes grupos audiovisuales de comunicación. Queda el respiro para quienes usan ordenador, de saber que aquellos famosos discos duros donde guardaba sus archivos Bárcenas fueron destruidos a martillazos impidiendo saber qué tipo de archivos eran. En el fondo, debemos dar las gracias por la eficiente destrucción de pruebas, de lo contrario, igual a estas alturas sería ilegal usar Word o Excel. De igual manera, cabe agradecer a la justicia y servicios de inteligencia españoles su absoluta incapacidad para descifrar quien fue M.Rajoy, anotado en los papeles de Bárcenas, de lo contrario, llegados al presente momento, algún juez podría declarar ilegal el uso de papel y bolígrafo.
Empezaba el párrafo anterior con las palabras “En democracia” que tal vez chirríen al avezado lector por el desarrollo posterior del mismo, donde podría darse a entender una idea equivocada. Suprimir la posibilidad de dieciocho millones de personas a usar Telegram es democrático en extremo, al fin y al cabo, condena a buscarse la vida en otros lugares, sin distinción de lugar de procedencia, sexualidad, religión o género, ni de ningún otro tipo, a todos por igual. La duda que se abre es si al ser igual condena para culpables e inocentes (es decir, haciendo culpables a todos) otorga derecho a 18.000.000 de usuarios a cometer el delito por el que son castigados.
Este capítulo penúltimo de la guerra de las descargas, a quienes navegamos por las décadas que se abren tras la veintena, nos aviva el recuerdo de la simpática burra del E-Mule, ya resuelto entonces con que se podía compartir si no mediaba el ánimo de lucro.
Aun desdeñando las conclusiones a que llegó la justicia entonces, para el caso actual con Telegram, más allá de las fronteras del papel con tinta (afortunadamente todavía legales ambos pese a la cantidad de delitos en que estas armas participan) viene la hostil realidad, tantas veces pendiente de enjuiciamiento por resistir a la autoridad. ¿Cómo se apaga Telegram para que un país quede sin acceso? Por cierto, a estas horas, mientras escribo (hoy es domingo, 24/03/2024) todavía funcionando.
En 1865, el vicealmirante José Manuel Pareja, recientemente nombrado “ministro plenipotenciario” de España ante Chile, declaraba el bloqueo de toda la costa chilena. Sus poderes legales abarcaban con esa orden más de 6000Km de litoral, ahora cerrados para Chile gracias a su dignidad. Contaba Pareja, para el estrangulamiento de Chile, con la flota española del Pacífico… en total, una cifra de siete barcos.
Algo de eso, me temo, pasa ahora con la judicatura pugnando duramente contra la realidad. No es sólo los exabruptos del Consejo General del Poder Judicial, que perdida la higiene canta como cualquier yogur al que se le pasan cinco años de la fecha de caducidad, ni los renglones torcidos y fuera de margen de García Castellón, sino la propia imagen de la judicatura, que encuentra delito en que no se satisfagan económicamente los intereses económicos de tres grandes plataformas audiovisuales de comunicación, pero no en el uso para difundir bulos o mensajes de odio pronazis esparcidos a través de ese mismo Telegram. A mayor abundamiento en el contraste, sonroja que se ordene el cierre de Telegram para dar gusto a estas plataformas audiovisuales, pero no hayamos visto todavía un renglón de orden judicial sobre los siete mil novecientos veintiún ancianos fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid mientras se les negaba el acceso al sistema de salud.
La justicia para subsistir como pacto social, debe parecerlo para serlo. Si no lo parece, será que es otra cosa, por más que se empeñen en darle ese nombre como hacen Ayuso o Milei con la palabra “Libertad”. La autoridad tiene una pugna difícil enfrentada contra la realidad. Spoiler: a la larga, la realidad se impone.
Autoridad contra realidad
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25.03.2024
La denuncia de Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por vulneración de copyright de sus contenidos en canales de Telegram, ha llevado al juez Pedraz a ordenar el cierre de dicho programa de mensajería en España. Una medida que únicamente afecta a 18.000.000 de usuarios; muchos para algunos, quizá demasiados, pero en realidad, apenas una minucia de cifra comparada con el orgullo del poder judicial en España, expresado en incuantificables unidades de vergüenza ajena cada vez que la dignidad de sus órganos se filtra en los hogares a través de las pantallas.
En democracia, el derecho de 18 millones de personas a usar un programa de mensajería es obviamente desdeñable cuando choca con el interés económico de 3 grandes grupos audiovisuales de comunicación. Queda el respiro para quienes usan ordenador, de saber que aquellos famosos discos duros donde guardaba sus archivos Bárcenas fueron destruidos a martillazos impidiendo saber qué tipo de archivos eran. En el fondo, debemos dar las gracias por la eficiente destrucción de pruebas, de lo contrario, igual a estas alturas sería ilegal usar Word o Excel. De........
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