Enrique Marshall

Los fraudes con tarjetas crecen a ritmo exponencial, han advertido la Asociación de Bancos (ABIF) y Banco Estado, esta última la institución financiera más perjudicada, precisamente porque es el principal emisor de tarjetas a nivel nacional. Las cifras de la ABIF indican que, si mantienen las actuales tendencias, las fraudes alcanzarían a los 350 millones de dólares en doce meses, lo que compromete el desarrollo de los pagos con tarjetas y la inclusión financiera asociada.

Este es un problema grave que amerita una revisión y acciones de rectificación. Pero, ¿por qué llegamos a este punto? Existe bastante evidencia en el sentido que una fracción muy significativa de los fraudes detectados corresponden a un modelo de auto fraudes, favorecido por una regulación que se introdujo pocos años atrás.

“Es menester revisar la regulación, porque existe bastante coincidencia entre los expertos en el sentido de que la ley de los fraudes no quedó bien diseñada y se aparta de las mejores prácticas internacionales”.

Una dimensión del problema, que no puede soslayarse, es la rápida expansión en la población de una acción tan condenable como esta. Si se une a otras observaciones, como el impago de las pensiones de alimentos y la evasión en el transporte urbano, sugiere un deterioro en los estándares éticos y conductuales al menos de una parte relevante de la población.

Este deterioro plantea un serio desafío en el campo de la formación y educación de las nuevas generaciones. Sin embargo, lo que se haga en ese ámbito se cosechará, en el mejor de los casos, en el mediano y largo plazo.

Entretanto, es menester revisar la regulación, porque los fraudes comenzaron a crecer con fuerza después de ello. Existe bastante coincidencia entre los expertos en el sentido de que la ley de los fraudes no quedó bien diseñada, generando condiciones para que ocurriera finalmente lo que comentamos. Varias precisiones al respecto.

Primero, la regulación adoptó un enfoque que se aparta de las mejores prácticas internacionales, al fijar responsabilidades excesivas en los emisores. En estas materias, lo mejor es siempre atenerse a la experiencia comparada y no olvidar que la rueda ya está inventada.

Segundo, la ley no provee incentivos para que los emisores lo hagan bien, es decir, para que provean los mecanismos de seguridad que reduzcan la comisión de fraudes. Se presume, en el actual marco normativo, que son siempre responsables. Así, ¿qué incentivo tendrán para elevar los estándares de seguridad?

Tercero, la regulación no provee ningún acicate para que los clientes adopten los resguardos necesarios en el manejo de sus tarjetas, porque siempre podrán reclamar al emisor que les devuelva el dinero si experimentan algún siniestro.

Cuarto, el costo de los fraudes no lo pagan los emisores, sino los clientes. Los 350 millones de dólares que menciona la ABIF, si persisten, tarde o temprano, terminarán como un costo adicional para los tarjetahabientes, lo que sería un duro golpe a la inclusión financiera.

Por todo lo señalado, es urgente revisar la regulación sobre esta materia.