La semana pasada comenzaron a votarse en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados más de 160 indicaciones al proyecto de ley corta de isapres. Entre los cambios propuestos por el Ejecutivo a lo aprobado en el Senado están algunas mejoras a la propuesta de Modalidad de Cobertura Complementaria de Fonasa; la creación de un nuevo proceso de verificación por parte de la Superintendencia para el reajuste de la prima GES, similar a lo que hoy ocurre con el precio base; y el reemplazo de la posibilidad de realizar un reajuste extraordinario de precio base por el establecimiento de una prima extraordinaria, la cual tendría como techo 10% de lo pagado por los afiliados en julio de 2023. Ello, junto con amplias atribuciones a la Superintendencia, sin un contrapeso técnico vinculante en los reajustes basales o extraordinarios que deban realizar las isapres en su tarificación.

El Ejecutivo debe ahora explicar en detalle el efecto en el sistema isapre de los cambios propuestos a la ley corta.

Destaca la omisión por parte del Ejecutivo de alguna indicación que, tomando las recomendaciones unánimes y transversales de los expertos, reconociera la necesaria solidaridad que deben incorporar los seguros de salud para su sostenibilidad, al momento de calcular la deuda por aplicación del fallo de la Corte Suprema.

Recientemente el Tribunal Constitucional entregó la responsabilidad al Gobierno, a través de la iniciativa exclusiva, de que la ley corta permita aplicar el fallo sin generar un colapso en el sistema de salud privado. Esto no necesariamente se logra creando una nueva modalidad en Fonasa para recibir a quienes vengan de las isapres que caigan en insolvencia, pues ello no asegura la continuidad, en las mismas condiciones, de los tratamientos y coberturas de los beneficiarios de isapres. De hecho, podría agobiar aún más al ya colapsado sistema público, además de un costo fiscal hasta ahora no dimensionado, pero sin duda elevado.

Durante la discusión de esta semana en la Cámara de Diputados, corresponde al Ejecutivo mostrar en detalle el efecto en el sistema isapre de los cambios propuestos a la ley corta, y cómo con éstos -y sin la mutualización u otro mecanismo de solidaridad- se logra avanzar hacia una ley que permita aplicar el fallo sin efectos negativos en los beneficiarios y pacientes.