Entre sus promesas para esta legislatura, Pedro Sánchez considera la salud mental un tema clave. Prometió un “gran pacto de Estado por la salud mental” para que “no haya un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda tenerla”.
Aunque la salud mental sigue siendo en España un tema tabú, el Gobierno sabe bien que es ya un problema de Estado. Tiene que ver con el derecho a la atención en salud mental, pero también con la productividad, el gasto sanitario y la economía en su conjunto. Sabe también que uno de los motivos principales de los problemas de salud mental, en particular en España, se derivan de la precariedad laboral. La Moncloa hizo publicó el pasado marzo el Informe PRESME, un extenso trabajo sobre precariedad laboral y salud mental en el que deja claro que sin mejorar la situación precaria de las personas trabajadoras, las soluciones serán a medias tintas.
UGT le da la razón. En la presentación de su informe Salud mental y trabajo, el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, destacó los siguientes datos: “En 2023 llevamos, hasta el 1 de octubre, 451.646 bajas laborales por salud mental; mayo de 2023 fue el mes récord en la historia, con 56.600 incapacidades laborales temporales por salud mental (superando los meses de confinamiento de 2020, que eran 51.000 bajas); los días de baja por trastornos mentales son ya el 15% del total (el 17% en el caso de las mujeres y el 12,4% en el de los hombres) y las bajas por trastornos de salud mental tienen una duración media de 108 días, solo superado por los tumores y los problemas circulatorios”. Las bajas laborales por trastornos mentales se han disparado, según UGT, el 81,5% en los últimos seis años. Y las previsión es que estas bajas lleguen a duplicar las de 2016 a fin de este año.
Según el Ministerio de Sanidad, el coste de la depresión en España supera los 6.000 millones de euros, y las pérdidas de productividad por bajas laborales y prematuras representan el 67% de esa cifra (datos de 2018).
Moncloa reconoce en su informe: “España es el país que más ansiolíticos e hipnóticos consume del mundo por habitante”. Evidentemente, no es una cuestión que se dé solo en España. La OMS ya advirtió en 2019 que el 15% de los adultos en edad de trabajar en el mundo tenía un trastorno mental (Informe mundial sobre salud mental: Transformar la salud mental para todos, 2022). Y estimaba que cada año se perdían 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, a un coste de un billón de dólares por año en pérdida de productividad.
En la UE, un sondeo de opinión realizado por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) muestra que, aproximadamente, la mitad de las personas trabajadoras consideran que el estrés relacionado con el trabajo es común en su propio entorno laboral. Entre las causas más frecuentes están la reorganización o inseguridad en el puesto de trabajo, trabajar muchas horas y una carga de trabajo excesiva, así como el acoso y la violencia en el trabajo.
Todas estas bajas visibles en las estadísticas de los Estados se quedan, en realidad, cortas. Según un estudio de la organización Obertament, publicado por La Fábrica Digital, “el 90% de las personas con problemas de salud mental ha ocultado sus problemas de salud mental en el trabajo por miedo a no prosperar en la carrera profesional o a perder el empleo”. El 52% ha escondido el motivo real de su falta y el 60% no han faltado a su puesto.
En los convenios
“Mucha gente ahora está infeliz en el trabajo por los bajos salarios y por la carga laboral”, alerta Nel González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental España, que integra 340 asociaciones en todo el territorio español. Zapico reclama que la salud mental “se debe contemplar en los convenios y eso no pasa actualmente salvo honrosas excepciones”.
De las mujeres sufre trastorno de ansiedad. En los hombres la proporción es del 45,2%. La ansiedad sube durante la vida y comienza a bajar con la jubilación.
Según el informe Salud mental en datos: prevalencia de los problemas de salud y consumo de psicofármacos y fármacos relacionados a partir de registros clínicos de atención primaria, con datos de 2017, el trastorno de ansiedad es el problema de salud mental más frecuentemente registrado, pues aparece en el 88,4% de las mujeres y en el 45,2% de los hombres. Y va aumentando a lo largo de la vida laboral y comienza a bajar en cuanto llega la edad de la jubilación.
El informe de la Moncloa remarca que faltan datos exhaustivos. Sin embargo, “un análisis con datos de 2005, en un momento de crecimiento económico, con bajo desempleo y baja temporalidad, mostró que los trabajadores con el nivel más elevado de precariedad laboral tenían aproximadamente 2,5 veces más riesgo de tener mala salud mental en comparación con quienes no tenían precariedad”. La investigación estimó que la precariedad afectaba a casi la mitad de trabajadores asalariados (47,9%), es decir, a casi 6,5 millones de trabajadores, 900.000 de los cuales poseían niveles de precariedad muy elevados.
Las personas con trabajos precarios más que duplican el riesgo de sufrir enfermedades mentales
Es el porcentaje de los trabajadores asalariados que sufren precariedad
Según el Comité Económico y Social Europeo, en su publicación Trabajo precario y salud mental, nombrado por UGT, los estudios “muestran que el alto nivel de inseguridad laboral percibida que caracteriza el trabajo precario aumenta en el 61% las posibilidades de padecer depresión, en el 77% las posibilidades de padecer ansiedad y en el 51% las posibilidades de suicidio. Y, si en la UE se eliminaran las exposiciones a riesgos psicosociales laborales, la carga de depresión caería entre el 17% y el 35% y las enfermedades cardiovasculares entre el 5% y el 11%”.
Soluciones
El Gobierno propone tres recomendaciones, con una serie extendida de acciones que se muestran en el documento. Por un lado, la recomendación general de luchar contra la precariedad laboral y sus efectos en la salud mental. La segunda: mejorar las condiciones de protección, salud y cuidados de la población trabajadora. Y, la tercera: medir, analizar y evaluar la precariedad laboral y los problemas de salud mental.
En febrero pasado, Gobierno, sindicatos y patronales firmaron la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, en la que introducen la salud mental, la perspectiva de género y la protección de los colectivos más vulnerables en la prevención de los riesgos laborales.
Los sindicatos reclaman todavía más medidas, como elaborar una directiva comunitaria específica de seguridad y salud en el trabajo dirigida a regular la gestión de los riesgos psicosociales en las empresas; actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales introduciendo las evaluaciones y las medidas preventivas relacionadas con la salud mental. Y la negociación, en el seno de las empresas, de protocolos contra el estrés laboral, la violencia en el trabajo y el acoso laboral. Además, piden garantizar la reparación del daño a la salud mental, así como evitar que vuelva a suceder. Y actualizar el listado de enfermedades profesionales españolas, para que sean incluidas las patologías derivadas de la salud mental y las enfermedades mentales vinculadas al trabajo.
Plan de choque
Asimismo, piden que se pueda formar y dotar de herramientas a las personas trabajadoras para que puedan identificar y saber actuar ante las distintas situaciones que pueden afectar a su salud mental y que tienen lugar en el entorno laboral; y articular un plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma urgente, a través de la apertura de una mesa de diálogo social, que incluya la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora.
Teniendo en cuenta la gran diferencia existente entre hombres y mujeres, con una prevalencia inmensamente mayor de los trastornos mentales en mujeres, el mismo Gobierno reconoce que es necesario avanzar también en términos de igualdad de género, con repartos más equitativos de las tareas del hogar y un mayor desarrollo del estado del bienestar, con un aumento de los sistemas de cuidados en las políticas públicas.
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