El convulso devenir político ha querido que el 45º aniversario de la Constitución coincida con nuestra Carta Magna convertida en principal arma de ataque y defensa para Gobierno y oposición. Pocas veces como ahora se ha puesto en cuestión no ya la constitucionalidad de una ley en concreto, sino la misma legitimidad de quien ocupa La Moncloa.

Esta semana se cumplen cuatro décadas y media del alumbramiento de un texto constitucional que selló un pacto entre españoles para transitar pacíficamente de la dictadura franquista hacia una plena democracia. Y no debemos dejar de felicitarnos por ello. El cumpleaños, sin embargo, llega en uno de los momentos más crispados, tensos y polarizados de nuestra historia reciente.

Desde que el 23 de julio pasado el resultado de las elecciones generales arrojase una aritmética parlamentaria casi imposible para la formación de un gobierno el ambiente político se ha quebrado y enrarecido de tal manera que la tensión ha saltado a las calles.

Por primera vez el partido más votado en las elecciones no es capaz de sumar una mayoría suficiente en el Congreso para investir presidente a su candidato y ha de aceptar el papel de líder de la oposición. Por primera vez, también, uno de los necesarios pactos para conseguir esa mayoría y un gobierno exige una insólita ley de amnistía para hacer borrón y cuenta nueva con unos políticos que quebrantaron la ley, algunos de los cuales fueron juzgados, condenados e indultados y otros, incluso, huyeron para no afrontar las consecuencias.

Estamos viviendo, sí, situaciones que no se habían dado nunca en nuestra todavía joven democracia. Pero ello no significa necesariamente que no se encuentren al abrigo de nuestra legalidad y nuestro pacto de convivencia fundamental, esto es, la Constitución de 1978 a la que homenajeamos estos días.

El debate al respecto es oportuno. No son asuntos menores los que nos jugamos en el arranque de esta legislatura. Pero deberíamos afrontarlo con las herramientas constitucionales y legales en las que se asienta nuestro sólido sistema sin destruirlas en el fragor de la batalla.

Tildar de "golpe de Estado" la investidura de Pedro Sánchez, como hace Vox, no protege nuestra democracia. Reiterar una y otra vez que el Gobierno nace de un “fraude electoral”, como mantiene el PP, tampoco. Movilizar durante más de treinta noches seguidas a ciudadanos radicalizados a las puertas del PSOE alimentando el bulo de que su Gobierno está destruyendo el país, sólo conduce al enfrentamiento social.

La futura Ley de Amnistía, conviene recordar, deberá ser aprobada en el Congreso de los Diputados, en votación abierta y tras debate público en pleno. Posteriormente será escrutada por el Tribunal Constitucional y los ámbitos europeos donde sea recurrida. Pocas normas pasarán tantos filtros.

Los pactos por venir entre el PSOE y los independentistas catalanes requerirán de mucha pedagogía, transparencia y explicaciones. No serán fáciles de asumir ni siquiera por sus votantes y el riesgo para Pedro Sánchez es de dimensiones colosales. Pero la legalidad en la que todos nos apoyamos es la que le ha permitido tomar este camino debido a lo que votamos todos los españoles en las elecciones. Esta es, guste o no, la España que tenemos cuarenta y cinco años después de la que aprobó la actual Constitución.