Recién percibo que me están dando palpitaciones de ver, y me preocupa, cómo proliferan tantos expertos y cuasi jurisconsultos que se dedican a hablar impúdicamente del referendo. Algunos se permiten exagerar en sus alardes, ligerezas y paródicas interpretaciones, con bibliografía tomada del mundo de los tuits y lanzarse al vacío, a decir que este referendo del 3 de diciembre es, hasta, “inconstitucional”.

Debo reconocer, para mi tranquilidad, que leí un trabajo de un experto en leyes que me aclaró que la Sala Constitucional del TSJ mediante sentencia No 1469 de 31 de octubre de 2023 asegura: “hay constitucionalidad en las preguntas que debemos responder el 3D con las que se desarrollará el referendo consultivo en defensa de la Guayana Esequiba”.

Además, recuerdo que aprendí del padre Ojer, con quien trabajé en la Cancillería venezolana, hace muchos años en la oficina especializada en la materia de la frontera con Guyana. Él reclamaba que el Poder Ejecutivo, que tiene un mandato constitucional de defensa de nuestro territorio, no ejercía su competencia como se esperaba. Se refería al mandato del artículo 10 de la Constitución que es terminante, nuestro terrritorio: “correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”. Obvio e invarible, Esequibo, incluido. Y desde esa esquina es bueno partir para entender el fondo del referendo del 3D.

De allí que es pertinente e impostergable apoyarse en el antecedente jurídico que establece el Acuerdo de Ginebra de 1966, al ser el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba. El asunto no se resuelve por via bélica ni invasiva, es diálogo.

Agrego: el referendo tiene que servir para reforzar el llamado sentimiento nacional. Fuente de la fuerza moral sobre el cual es necesario insistir, que existe, pero, que dadas las modas de la unipolaridad y la fraudulenta polarización que intentan incrustarnos con la industria cultural del biopoder. Obvio, este no es tema solo jurídico, pero sí componente gemelo de la vida política y social que se deriva y amplía con la jurídica e innegable, la diplomática. Y el colmo, ahora, petrolizada por Exxon y demás buitres.